La preocupación por el inminente agotamiento de las direcciones IPv4 atrae cada vez más atención.
Como sabemos, el problema es que el número total de direcciones IP disponibles bajo la definición del protocolo IPv4 es de sólo un poco más de 4,000,000,000, y la gran mayoría de éstas han sido asignadas ya a los diversos tipos de usuarios (fundamentalmente proveedores de servicio de Internet o ISPs). Esto no quiere decir que todas estén en uso (en el argot, no todas están ruteadas actualmente), pero sí que ya están asignadas a alguna organización. Y hay muy pocos incentivos para devolverlas al "pool" original, ya que recuperarlas posteriormente sería incierto, y tendría un alto costo de transacción por los cambios en el enrutamiento de la organización que las tiene asignadas.
En una publicación de ISOC pero con responsabilidad individual sobre el contenido, Geoff Huston, uno de los líderes de la comunidad de direccionamiento IP y de los RIRs (registros regionales de Internet; en su caso específicamente APNIC, que opera en la región Asia-Pacífico) hace un resumen de las discusiones recientes sobre los mecanismos y políticas que están siendo propuestos para proceder con las direcciones IPv4 en el futuro.
Las políticas vigentes actualmente están basadas en una premisa de abundancia de direcciones, por lo cual se asignaron primero en grandes volúmenes o bloques (llegó a pasar que una universidad de Estados Unidos tuviera ella sola la octava parte del espacio) con base sobre todo en los planes técnicos de las organizaciones. Además, la hipótesis altruista y de buena fe con la que fue construida Internet en sus primeras etapas se traduce en el principio de no monetizar las direcciones IP, es decir, de no someterlas a las leyes del mercado, sino asignarlas en los RIRs como organizaciones benevolentes.
En la actualidad y ante la escasez, combinada con el hecho de que la adopción del sucesor de IPv4, IPv6, es muy lenta todavía, se prevé que al agotarse las direcciones IPv4 disponibles públicamente se generen distorsiones importantes en los medios por los cuales las organizaciones consiguen direcciones IP que puedan usar en sus operaciones. Uno de los resultados que más preocupan a la comunidad es que se forme un mercado negro de direcciones IP en el que el poder económico y la especulación dominen.
El artículo de Huston hace un buen resumen de estas dificultades y se inclina levemente, aunque con titubeos, hacia la formación de mercados abiertos. La formación de mercados ha sido impulsada anteriormente por diversos actores del universo IP, así como por Milton Mueller y otros. En el caso de Mueller se trata de un impulso fundamentalmente dogmático e inacabado. Lehr, Lear y Vest en cambio hacen un estudio cuidadoso y dejan en su artículo huella clara de las controversias entre las distintas posiciones en juego. La OCDE, en un estudio firmado por Karine Perset, atrae la atención de los hacedores de política pública en la materia.
Los problemas asociados a la creación de mercados de direcciones IP no son pocos ni triviales. El primero quizás sea de jurisdicción y asociado a éste es severo el de política de competencia y anti-monopolios. Como Huston lo señala, los RIRs han sido hasta ahora simultáneamente proveedores de las direcciones, reguladores, y registros de las asignaciones. Al perder la capacidad de proveer direcciones, pasan a tener que regular el mercado, para lo que no están equipados actualmente, y pierden su capacidad de regular las asignaciones.
El artículo de Huston tiene sus propios problemas, por supuesto. Es desagradablemente omiso respecto a los registros LACNIC y AfriNIC, ignora el papel benéfico que los RIRs pudieron dar a ICANN en esta materia, y deja de lado temas de política pública fundamentales. Nada de esto le quita importancia a su lectura.
Hace diez años, cuando empezamos a formar ICANN, una época dominada por feroces batallas por la política de nombres de dominio, predije que éstas serían un día de campo de un jardín de niños comparadas con las que vendrían por las direcciones IP (no presumo de originalidad ni de precisión en ese vaticinio). Hoy estamos viendo un motivo de conflicto creciente, en el que las administraciones nacionales de telecomunicaciones de muchos países y los organismos intergubernamentales tendrán una cada vez mayor tentación de intervenir, y ciertamente una experiencia amarga en ello porque queda muy poco que puedan hacer. Pero desde luego la tentación de decir "esto no volverá a pasar" aplicada a una intervención sobre las políticas de asignación de direcciones IPv6 arreciará.
Ojalá con esta descripción quede claro que estamos ante uno de los más interesantes, y potencialmente más intensos, problemas de gobernanza de Internet.
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