ISOC México y Reforma de Telecomunicaciones: Internet, rumbo a la legislación secundaria

El texto de este artículo representa la posición de ISOC México (Sociedad Internet de México, A.C.) sobre la Reforma de Telecomunicaciones que está en curso en México. Está concebido como una contribución al proceso que lleva a la legislación secundaria de la Reforma, que ya ha sido aprobada en el Congreso de la Unión y está a discusión en los Congresos de los Estados.

Estamos publicando este texto simultáneamente en los blogs de varios miembros y líderes de ISOC México: León Felipe Sánchez Ambía, Israel Rosas, Emilio Saldaña y otros que se sumarán más adelante.

El texto es resultado de un trabajo colectivo intenso y recoge reflexiones de los miembros de ISOC México. La responsabilidad de la publicación se mantiene individual.


OPINIÓN DE LA SOCIEDAD INTERNET DE MÉXICO, A.C., INTERNET SOCIETY CAPÍTULO MÉXICO, SOBRE LA INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

En fechas recientes en México se inició un intenso y, en términos generales, productivo debate acerca de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones promovida por el Ejecutivo Federal y diversos partidos políticos en el seno del Pacto por México. Una vez que este paquete legislativo ha sido aprobado por el Congreso de la Unión, se prevé que sea discutido y aprobado en el corto plazo por la mayoría de los congresos estatales, de modo que inicie el proceso de emisión de un amplio conjunto de leyes y normas secundarias.
En virtud de que algunos puntos de esta iniciativa de reforma inciden o pueden incidir de manera directa o indirecta en el desarrollo de Internet en el país, la Sociedad Internet de México, A.C., Internet Society Capítulo México, ofrece el análisis desarrollado en este documento.

Es importante mencionar que, a pesar de que expresamos algunas reservas con respecto al contenido de la iniciativa de reforma, no proponemos que se detenga el tránsito y aprobación de la misma por los congresos estatales. Por el contrario, este posicionamiento pretende abrir rutas específicas en el debate que se dará con motivo de la elaboración de la legislación secundaria que regule de manera convergente al sector de las telecomunicaciones en México,.
Los valores y principios de la Internet Society contemplan que la calidad de vida de todas las personas mejora cuando tienen acceso a una Internet abierta y global, lo cual se logra mediante el trabajo conjunto de los múltiples sectores de la sociedad.

Por una parte, los responsables de la elaboración de políticas públicas deben estar bien informados, de modo que se reconozca que Internet es una tecnología que maximiza el poder de los usuarios a la hora de elegir, crear y/o utilizar el hardware, el software y los servicios que mejor satisfacen sus necesidades.
Bajo este concepto, los procesos para desarrollar los estándares técnicos y los procedimientos operativos de Internet deben ser abiertos y transparentes, con barreras mínimas para la participación o el acceso a la información, ya que los beneficios sociales del uso de la Internet quedan significativamente reducidos si existen controles restrictivos, gubernamentales o privados sobre el hardware, el software, la infraestructura de telecomunicaciones o sobre sus contenidos.

Los principios fundamentales que guían el trabajo de ISOC se basan en la capacidad de conectarse, expresarse, innovar, compartir, elegir y confiar, por lo que resaltamos la importancia de:
• La interoperabilidad entre redes.
• El principio de apertura que se manifiesta en redes abiertas a la interconexión.
• Estándares abiertos a la participación al establecerlos y a su uso abierto, sin cortapisas de costo ni restricciones a su acceso.
• La arquitectura “extremo a extremo” de Internet, que está asociada a otros como el de “inteligencia a la orilla” y el de “mejor esfuerzo”, y es esencial para su utilidad como plataforma para la innovación, la creatividad y las oportunidades económicas.

Este conjunto de valores es el origen de la capacidad de “innovación sin pedir permiso” y sus beneficios, que caracterizan a Internet y han sido causa de su amplio impacto en la sociedad.
Debido a que la brecha digital en cualquiera de sus modalidades representa una limitante importante para explotar los beneficios que ofrece el uso de Internet, en ISOC México hay consenso a favor de impulsar una política integral que favorezca una expansión rápida y decidida del acceso a Internet a toda la población. Lo ideal es que dicha política aproveche los beneficios que resultan de la aplicación de los principios antes mencionados, lo que ha permitido que Internet se haya convertido en un motor de desarrollo económico y social. Consideramos que esta política debe ser integral debido a que es recomendable que integre diversos aspectos además de los técnicos relacionados con la infraestructura, como es la instrucción en el uso de la tecnología y la creación de contenidos atractivos para la población.

ISOC México considera que las tecnologías, la asignación de segmentos del espectro radioeléctrico, y la utilización de infraestructuras nacionales para el acceso a Internet deben abrirse en todo lo posible, a la vez que llamamos activamente a procurar que las leyes de más alto nivel jerárquico conserven los principios de validez universal y aplicación general, evitando la definición de normativas excesivamente prescriptivas en cada una de estas materias, cuya delimitación constituye materia de leyes de segundo orden. Los instrumentos óptimos deben permitir flexibilidad tanto geográfica como económica y evolución en el tiempo, lo mismo que escalabilidad para incorporar al marco regulatorio la innovación y el conocimiento que se encuentran en constante desarrollo.
Reconocemos que los derechos fundamentales son inherentes a todos los seres humanos y que es necesario que existan garantías para su respeto y ejercicio. Consecuentemente, es posible expresar que Internet no constituye un derecho fundamental por sí mismo.

Por lo anterior, consideramos que la redacción propuesta para el párrafo tercero del artículo 6º constitucional busca garantizar a nivel constitucional un derecho que actualmente no se encuentra plenamente reconocido y cuya naturaleza aún es causa de debate, además de ligarlo con tecnologías que, si bien actualmente son plenamente reconocidas como útiles, están sujetas a desarrollos innovadores de alto dinamismo. La legislación debe promover el acceso a Internet, no sólo a la infraestructura de banda ancha.
Coincidimos con el que consideramos el estado del arte actual a nivel mundial, en el sentido de que el acceso a Internet es una garantía, actualmente indispensable, para el acceso a otros derechos, que trasciende la mera expresión de las ideas, como la libertad de expresión y la de asociación, el acceso a la información, la educación, la salud y muchos otros que están debidamente reconocidos en instrumentos nacionales e internacionales.

Creemos que cualquier persona debe poder conectarse a Internet de manera libre, entendiendo al término "libre" como el acceso a todo puerto del protocolo IP, todo protocolo dentro del “stack” IP reconocido por la IETF y el W3C (y organismos similares), todo contenido, todo origen y todo destino público abierto.
El concepto de “libre” relacionado con el acceso a Internet, en este contexto, indica que la legislación debe señalar como inaceptables la censura, la discriminación, la persecución en cualquier sentido, sin el debido respeto a las garantías de legalidad y debido proceso, así como la interferencia a dicho acceso – en particular la del Estado – excepto en casos estrictamente previstos por la Ley, de naturaleza altamente excepcional, y en que la restricción al acceso sea proporcional y capaz de compensar o evitar la afectación de bienes jurídicos sociales de la más alta jerarquía. Algunas excepciones adicionales, de naturaleza temporal, de preferencia individualizada y reversible, y comunicadas de manera transparente a los consumidores, usuarios y ciudadanos, pueden ser aceptables por requerimientos de ingeniería de tráfico en las redes.

En este contexto, apoyamos la inclusión de la frase "acceso libre y sin injerencias arbitrarias" propuesta para la fracción II del artículo 6º. Además nos oponemos a disposiciones que establezcan o den oportunidad de establecer prácticas que censuren la conducta de los usuarios en Internet, incluyendo cualquier restricción sobre el tipo o contenido de información intercambiada en Internet, por lo que expresamos nuestra preocupación por la redacción propuesta para el artículo 6º, inciso B, fracción IV, que establece que los concesionarios tendrían responsabilidad respecto de la información transmitida por cuenta de terceros; en tanto que omite la definición específica entre los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, abre espacios significativos al establecimiento de mecanismos de censura propiciando espacios para la intervención del Estado en el flujo de información a través de Internet.

El principio de indemnidad de los intermediarios (ISP y otros) ha sido un pilar del crecimiento de Internet; ha evitado convertir a los proveedores de servicios en policías privadas que se encuentren al servicio selectivo de algunos intereses, con riesgo de ser utilizados como instrumentos de abuso, amenazas, censura y represión, y opacos en todo lo anterior. Este principio ha sido ampliamente estudiado por la OCDE y la Unión Europea con conclusiones similares.

Respecto a la legislación orientada a evitar la publicidad engañosa contenida en la fracción referida en el párrafo anterior, consideramos que el clausulado es demasiado abierto, deja en excesiva incertidumbre la definición de una autoridad competente para establecer principios regulatorios sobre la veracidad de la información o su carácter de publicidad o propaganda, y crea una espada de Damocles inaceptable sobre las expresiones de opinión y la actividad comercial y política, contrario al espíritu del derecho fundamental a la libre expresión de las ideas, que la propia iniciativa de reforma pretende extender. Coincidimos plena y abiertamente en evitar la publicidad engañosa, especialmente en casos extremos en que se puede inducir a la población a adoptar conductas riesgosas o evitar algunas indispensables como revisiones médicas; compartimos el principio pero no la forma en que ha quedado plasmado.

Acerca de la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) propuesta en el artículo 28, encontramos contradictorio que el Instituto sea un organismo autónomo especializado y al mismo tiempo exista la posibilidad de que el Secretario del ramo emita una opinión técnica previo a sus determinaciones. Si bien esta opinión está catalogada como no vinculante, puede ser un incentivo para que las resoluciones del IFT se vean influenciadas por factores políticos, contrario a lo esperado de una institución que debe tomar decisiones basándose en aspectos puramente técnicos.
En relación con lo anterior, apoyamos el criterio que se basa en decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se refiere a que en ningún caso el factor determinante para definir al ganador de una licitación será meramente económico.

Sin embargo, creemos que la opinión no vinculante de la Secretaría de Hacienda con respecto a las contraprestaciones correspondientes por el otorgamiento de concesiones y servicios vinculados a éstas, puede conferir un enfoque recaudatorio a las determinaciones tomadas por el IFT, lo que implicaría el riesgo de que los montos fijados por el Instituto inhiban la inversión de los concesionarios que busquen desplegar redes convergentes.

De la misma forma, consideramos que la redacción propuesta para la fracción XVII del artículo 73, que propone que el Congreso tenga facultad para “dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correo, y sobre el uso y aprovechamiento de las agua de jurisdicción federal”, se arroga facultades al margen de los principios de gestión autónoma que han permitido el desarrollo colectivo de internet, como los mecanismos actuales de gobernanza de Internet, en donde participan equitativamente tanto las organizaciones responsables de la operación técnica, como la academia, la sociedad civil y las entidades de gobierno.

Asimismo, creemos que para la política de inclusión digital universal propuesta en el artículo Décimo Cuarto Transitorio, deben estar incluidas las condiciones propicias para que los usuarios mexicanos de Internet dejen de ser solamente consumidores. Tal programa, además de lo planteado en el artículo referido, debe considerar un plan de desarrollo que incluya, de manera enunciativa mas no limitativa: la producción científica, así como el impulso y el desarrollo de equipos propios para el acceso a la red de bajo costo.

Por otra parte, si el Estado es el ente encargado de garantizar el derecho de acceso a la información, debe considerarse a este hecho como un acto democrático, por lo que es necesario que sean respetados los diversos tipos de universalidad ligados con este derecho, como son la de los sujetos, la de las redes de telecomunicaciones y la de la información misma.
En este sentido, creemos que la red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo, propuesta en el artículo Décimo Sexto Transitorio, corre el riesgo de funcionar como un incentivo para la preponderancia gubernamental en el control del Ecosistema de Internet.

Si el Estado incrementa su rol de participación en el Ecosistema habilitando y desplegando infraestructura pública disponible para el uso de los entes privados con el fin de acercar el acceso a Internet a población no conectada, esto conlleva colocar al Estado en una posición de preeminencia dotándolo de poder – o control – potencial sobre el Ecosistema que no es recomendable para su desarrollo. Por lo menos dentro del ámbito de la infraestructura que el Estado habilitaría, la posibilidad de monitoreo, control, sesgo en el acceso a partes de la red y censura del tráfico que circule, es factible; lo que en su caso dañaría la interoperabilidad del Ecosistema, vulneraría la circulación del tráfico, desincentivaría el uso abierto del entorno digital, mermaría la creación de contenidos, y, llevando este escenario al extremo, podría conllevar ampliar el grado de control del Ecosistema a través de diferentes mecanismos por el mismo Estado.

Estimamos conveniente que el rol económico del Estado al proveer servicios de telecomunicaciones al mayoreo, se apegue de la mejor manera posible al modelo liberal que ha predominado en la industria en últimos años, a fin de que se evite el regreso del Estado empresario como participante activo de la economía compitiendo directamente con el ámbito privado. Conviene recalcar que es loable que por su función social, el Estado invierta en zonas geográficas que no son mercados atractivos para el ámbito privado.

Actualmente el Ecosistema de Internet mexicano funciona a través de la participación equilibrada de actores públicos, privados y sociales en constante comunicación, a través de espacios de interacción y en equidad de participación, que comparten la responsabilidad de mantenerlo y fomentar su desarrollo, llevando a cabo roles definidos al interior del mismo.
Cuando el Estado incrementa su rol de participación en el Ecosistema, tiene la posibilidad de potenciarlo y a la vez de limitarlo. La clave estriba en delimitar claramente los alcances de dicha participación para evitar caer en deformaciones y vicios no deseables.


La Sociedad Internet de México A.C. es el capítulo en nuestro país de la Internet Society, la cual es una asociación internacional no gubernamental y no lucrativa para la coordinación global y la cooperación en Internet, sus tecnologías y aplicaciones. Los miembros, a nivel internacional reflejan a toda la comunidad de Internet y consisten en individuos, corporaciones, organizaciones no lucrativas y dependencias gubernamentales.

Notas de ISOC México en el "Día de Internet" 2009

"Seis notas sobre el estado de Internet en México a mediados de 2009"


Un grupo de profesionales ligados a la Sociedad Internet de México, A.C., capítulo de la Internet Society (ISOC), haciendo eco del "Día de Internet", que antes fuera Día Mundial de las Telecomunicaciones propone a las diferentes comunidades de nuestro país los siguientes seis puntos para discutir y emprender acciones que beneficien el desarrollo social a partir del buen gobierno de la red Internet. Estas seis notas dan lugar a algunas recomendaciones que invitamos a que sean discutidas en diversos círculos de la sociedad. No nos hemos propuesto ni tomar inventario completo ni seleccionar en orden los puntos más candentes; sí, en cambio, señalar temas vitales que quizás requieran mayor atención y nuevos enfoques.


1. IPv6


Un evento singular en la historia de Internet se presentó en marzo de 2009 en México: el Consejo Directivo de ICANN tomó una decisión para la administración de las últimas direcciones IPv4 disponibles a nivel global. Es decir, se marcó oficialmente el agotamiento del espacio de direccionamiento IPv4 del que los RIRs (registros regionales) pueden echar mano. Cada RIR cuenta ahora con la última serie que podrá distribuir. La asignación de direcciones IPv4 en lo sucesivo sólo se podrá hacer contra las "reservas" que cada RIR tenga, o contra las de los proveedores de servicios de Internet y las pocas otras organizaciones (universidades, por ejemplo) que cuentan con amplios espacios de direccionamiento asignados.


Este hecho debe, debió, deberá marcar el inicio de un programa de acción urgente en México para iniciar una transición bien planeada hacia el uso de la nueva versión del sistema de direccionamiento numérico, IPv6. Este sistema provee un número de direcciones muy superior al de IPv4 y plantea tanto nuevas facilidades como problemas muy específicos para su utilización. No todos los problemas están resueltos e incluso algunos no son conocidos todavía. Lo cierto es que el cambio se da en el corazón mismo de la infraestructura de Internet, en los sistemas que determinan las rutas que deben seguir los paquetes de información de cuyo tráfico se encarga el Protocolo IP, y por tanto el alcance y consecuencias de la transición son enormes.


No se prevé en el mundo una transición dramática en la que en una fecha determinada se abandone de golpe el uso de IPv4 para pasar al uso exclusivo de IPv6. La situación es, y será por muchísimos años, una de convivencia entre ambos protocolos. Inicialmente se ven pocas redes basadas en Ipv6, lo cual obliga a comunicarlas mediante "túneles" programados a través de redes basadas en IPv4. Progresivamente la situación se invierte hasta que unas pocas redes, en camino a la obsolescencia, basadas en IPv4 se comuniquen a través de una infraestructura global dominada por IPv6. El impacto de IPv6 se acelera en condiciones que requieren un rápido uso de amplios espacios de direccionamiento, como las redes de Internet móvil o las redes de Internet de países, como China, que cuentan con menores bloques en IPv4 y hacen un crecimiento rápido de sus servicios.


En el mundo entero la adopción de IPv6 está en marcha, a distintas velocidades dependiendo de las condiciones de cada país. Los motivos para impulsar la transición varían según el contexto; si bien no hay todavía una aplicación que sólo funcione sobre IPv6 y sea de adopción urgente ("killer application") las mejoras operacionales que se pueden alcanzar con IPv6 son importantes; sin embargo, éstas aún no son ampliamente valoradas por los "carriers" e ISPs. Otro factor adverso, dada la distancia de usuarios tanto individuales como institucionales con los asuntos de infraestructura, es la percepción que los ISPs y "carriers" (operadores de telecounicaciones, OT) pueden tener respecto a la suficiencia de direcciones a su alcance, y al alto precio que asignan a éstas (por ejemplo, los precios de las direcciones IP fijas en contratos ADSL en México está totalmente desalineado del costo de recuperación que pagan por ellas los OT e ISPs grandes por las asignaciones en LACNIC).


En México las universidades, CUDI, y unas pocas entidades más se han ocupado de IPv6 desde hace algunos años. Cuentan con personal especializado que conoce la tecnología a fondo, y redes experimentales que es posible utilizar más intensivamente. Diversas organizaciones, como la "IPv6 Task Force" y el "Foro IPv6" de México, han logrado también reunir esfuerzos interinstitucionales para la promoción de IPv6.


El programa que requiere el país demanda la pronta acción de diversos actores, al absorber la experiencia internacional. El contenido mínimo de dicho programa es el siguiente:


a. Proveedores de servicios de Internet, que deben reemplazar, actualizar, o poner en operación con nuevas capacidades su infraestructura, y probar la compatibilidad con las aplicaciones más utilizadas por sus clientes.


b. Proveedores de equipo, software, aplicaciones y servicios para las redes, que deben empezar a identificar las necesidades de sus clientes y las soluciones intermedias y de largo plazo basadas en IPv6; entrenar personal para la operación con el nuevo protocolo; y ofrecer capacitación al personal de sus clientes con el mismo fin.


c. Gobierno (en los tres órdenes federal, estatal y municipal), que puede dar un gran paso fijando la operación del protocolo IPv6 como una meta a alcanzar en pocos años (no más de tres o cuatro) en todas las redes del gobierno; fijar la operación con IPv6 como un estándar en las adquisiciones e incluso en el sistema de normas oficiales, también con un programa progresivo a un máximo de tres o cuatro años, además de capacitar al personal y asegurar la compatibilidad de aplicaciones propias y de los usuarios de los servicios del gobierno.Cabe recordar que diversos organismos internacionales en los que México participa, como la OCDE y CITEL, han hecho recomendaciones específicas para el papel del gobierno como guía de políticas públicas y como principal comprador de tecnología del país, para que ejerza su poder de compra y produzca con él economías de escala que de otra manera el país no puede alcanzar, en la adquisición de bienes y servicios compatibles con IPv6 y en la expansión del uso de este protocolo.


d. Instituciones educativas y de investigación y desarrollo tecnológico, especialmente a nivel superior. Poner en operación maquetas y redes experimentales, capacitar personal, realizar una amplia labor de difusión y capacitación hacia toda clase de organizaciones, utilizar sus laboratorios para la prueba de compatibilidad e interoperabilidad de equipos, software, y servicios por parte de terceros en un esfuerzo de vinculación bien organizado, y estimular el desarrollo de nuevas tecnologías y servicios basados en IPv6.


e. Empresas usuarias de Internet. Acelerar los trabajos para la transición, y primero coexistencia de IPv6 e IPv4; capacitar de manera organizada al personal necesario, normar sus adquisiciones dentro de un programa para la transición con un horizonte máximo de entre tres y cuatro años.


Este programa, de alcance nacional, sólo puede ser afrontado con la colaboración estructurada de todos los "stakeholders" de Internet en México. Tendrá un costo económico indudable, y asimétrico para distintos actores. Una de las formas más importantes en que este costo está siendo cubierto en el mundo entero, y puede ser cubierto en México, es la programación de las inversiones que los actores tienen que hacer en su infnraestructura constantemente. Prever IPv6 en los ciclos de reemplazo y actualización de enrutadores, "switches", computadoras, "software", dispositivos como conmutadores telefónicos con capacidad de voz sobre IP, videoconferencia, etc. resulta en un costo marginal y distribuido a lo largo de varios años, lo cual además está en consonancia con la necesaria gradualidad, ya explicada aquí, de esta importante transición en la infraestructura más fundamental de Internet. Quizás lo mas importante que debemos reconocer es que la transcición hacia IPv6 no se puede asumir simplemente como una mejora de funcionalidad o como una opción de crecimiento; representa la nueva base de cimentación para el Internet de los próximos 40 años y es la única opción viable conocida hasta ahora que permitirá que Internet continue con su ritmo de crecimiento.


2. Anchura de Banda (y su costo y puntos de presencia)


El acceso a Internet sigue siendo uno de los temas dominantes de la agenda de Internet en México. Diversas estadísticas y estudios orientan hacia un número aproximado de 25 millones de usuarios directos de Internet en el país, es decir, aproximadamente la cuarta parte de la población. Los estudios a lo largo de los años muestran cómo la demografía de los usuarios de Internet pasa de la de los primeros años (dominada por varones jóvenes, con lugar de residencia en ciudades, y estudios universitarios) a parecerse progresivamente a la de la población en general (números similares entre hombres y mujeres, distribución en más grupos de edad y más grupos socioeconómicos), excepto por las poblaciones en mayor desventaja en muchos otros indicadores (condiciones de pobreza o marginación, lugar de residencia rural o en poblaciones pequeñas).


De esta distribución deriva un aspecto positivo, ya que además de los usuarios directos una población más amplia resulta beneficiaria de Internet a través de la intermediación de sus familiares que están en contacto directo con escuelas, oficinas, cibercafés, centros públicos o privados de acceso colectivo, teléfonos móviles, y equipos y conexiones propios. Esta población no ha sido estimada estadísticamente y no figura necesariamente en los diseños institucionales para el uso de las tecnologías de información.


La población usuaria y la beneficiaria indirecta ha adoptado Internet de una manera irreversible, e irreversibles son también muchos de los cambios que Internet ha producido en su entorno. El acceso a información vital, servicios gubernamentales, mecanismos de comunicación uno a uno y colectivos multimediales e interactivos, la producción, publicación y circulación de textos, imágenes fijas y en movimiento, mapas, y otras formas de representar la información conocen un crecimiento rápido y proveen condiciones para la mejora de las condiciones de vida de una población creciente.


Las estadísticas publicadas por el INEGI con fecha 17 de mayo de 2009 contienen también aspectos alarmantes. El número de usuarios de Internet en México aumenta a un paso esencialmente constante, añadiendo entre 2.1 y 3.5 millones de usuarios cada año. No se observa un crecimiento exponencial a tasa constante tanto como un crecimiento aproximadamente lineal. El punto particularmente alarmante es que en el período 2007-2008 se agregó el número más pequeño de usuarios hasta ahora, 1.5 millones únicamente.


Desde luego ante estas cifras lo primero que es urgente es una nueva y profunda revisión de las definiciones y metodología de las citadas estadísticas, para tener una mejor definición de sus incertidumbres estadísticas. Pero incluso en un caso optimista, en que la cifra del informe correspondiera a una estimación por un factor de dos, estaríamos ante un incremento en número de usuarios por año igual al de casi toda la última década, y no ante una aceleración como se requiere. El propósito de los programas oficiales de alcanzar a 70 millones de usuarios en 2012 se muestra claramente inalcanzable sin la contribución de todos los sectores de la sociedad, y en particular las empresas de telecomunicaciones y proveedores de servicios de Internet, los gobiernos estatales y municipales en complemento a la acción directa del gobierno federal, las empresas en general (que deben proveer acceso a Internet para sus empleados y los familiares de éstos como una labor tanto altruísta como en su propio interés) y muchos más. Poco pueden hacer sin estos apoyos las iniciativas individuales, las ONGs/OSCs promotoras del acceso y la educación, e incluso las grandes fundaciones.


También es necesario subrayar algunas deficiencias importantísimas del ecosistema de Internet en México en lo que hace a infraestructura para la conexión a la red. El primero, no privativo de nuestro país pero de todas formas lamentable, es que mientras los grandes mercados para la innovación basada en Internet se han construido en países en los cuales hay una sobreoferta de fibra óptica, y por lo tanto la competencia ha estado en proveer servicios mejores y más innovadorres, en el mercado mexicano se vive crónicamente la escasez de esta infraestructura y la concomitante falta de inversión en la red, real o percibido control excesivo de los servicios de que se puede disponer, y por lo tanto un efecto disuasor de la inversión y de la innovación. México requiere urgentemente de la entrada en operación y puesta en disponibilidad de redes extensas, de gran anchura de banda, profusamente distribuidas y conectadas mediante puntos de acceso en cada rincón del territorio nacional.


En meses recientes se han publicado aportaciones a la información y al análisis que en breve pueden describirse diciendo que la anchura de banda de alta calidad para, por un lado, la investigación, el desarrollo, y los grandes usos institucionales, y por otra parte, para los individuos y los pequeños colectivos sociales, sufre de distorsiones importantes. A cambio de precios en alguna medida alineados con los internacionales para el acceso individual con baja anchura de banda (lo que en México se llama "banda ancha" ya no califica como tal en mercados con los que debemos compararnos y en los que actúan algunos proveedores que encontramos tanto en nuestro país como en el extranjero), encontramos que:


a. No están disponibles ampliamente en el mercado servicios esenciales para el avance tecnológico, como "fibra obscura" y servicios de 1 Gpbs en adelante, el concepto de banda ancha va cambiando con el tiempo y ahora lo que tenemos en México como oferta, dista mucho de serlo.


b. Los costos de las direcciones IP fijas asignadas a los enlaces ADSL por algunos proveedores son tan desproporcionadamente altos que se han convertido en un disuasor para el desarrollo tecnológico y de nuevos negocios por parte de jóvenes innovadores mexicanos, empresas e instituciones.


c. Las anchuras de banda máximas disponibles en contratos domésticos están en el extremo inferior de los países comparables, por no hacer comparación con otros mercados más desarrollados. Los índices de desarrollo de país, tienen a incluir dos parámetros que provienen de las TI, uno la solidez de la capacidad y oferta de las redes de telecomunicaciones y dos, la capacidad de creación de redes sociales para la organización autónoma de la sociedad. En el caso del país éstos parámetros no son muy bien aspectados.


d. El acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico y los servicios inalámbricos que permitirían conexiones de anchura de banda útil en comunidades y poblaciones en las que la conectividad no se provee mediante cables tienen un desarrollo incipiente y acotado por múltiples factores de disponiblidad de equipo, servicios, espectro, y aspectos del marco regulatorio. En particular son sensibles las limitaciones a la construcción de redes colectivas y su administración a nivel local, tanto en el campo como en las ciudades.


e. Las utilidades de las empresas proveedoras están desalineadas (a la alza) sobre las de mercados más competidos en el resto de América Latina, con el efecto negativo de que sustraen del mercado recursos que serían valiosos para la expansión de las redes a costos más aceptables, la educación de usuarios, operadores y proveedores, y con servicios de mayor capacidad, calidad y facilidad para la innovación. El Profesor Peter Cowhey, de la Universidad de California en San Diego, entre otros, ha ilustrado convincentemente el efecto deletéreo de que el país no disponga de fondos de gran magnitud para financiar la innovación, así como de que no cuente con una red académica avanzada en operación con suficiente anchura de banda.


f. El uso excesivo de NAT, de los topes de consumo y de la ingeniería de tráfico para limitar la de por si devaluada Banda Ancha en México se traduce en una experiencia del usuario muy por debajo del estándar internacional.



3. Redes sociales
La construcción en Internet de espacios colaborativos horizontales y abiertos en la modalidad de "redes sociales" se puede considerar un parámetro vital para medir el desarrollo del país. La vitalidad de las redes sociales, no sólo como medios de consumo de información y para un uso lúdico básico sino para la construcción de accesos a la cultura, la educación, el empleo, y el gran debate de la sociedad, está ligada al acceso de banda ancha a Internet, y a la capacidad de la sociedad de organizarse.

Si bien se ha puesto atención al tema de la equidad de acceso a través de la oferta en centros comunitarios y cafés Internet, éstos por desgracia no cuentan con la suficiente anchura de banda para consolidar el uso de herramientas sociales, que hoy se encuentran definidas bajo la etiqueta de la "Web 2.0". Por ello, la apropiación de medios de información y comunicación alternativos es una vez más un asunto de las élites. Es pues nuestro Internet un remedo del consumo de información que tenemos en otros medios, todo ello encaminado a un tinte únicamente comercial.

Considerando lo anterior, podemos clasificar a nuestras redes sociales en dos tipos, las creadas para fines de diversión entre personas y las redes que son sostenidas con finalidades específicas. Las voces que han surgido para limitar las redes comunitarias y la organización autogestiva han sido muchas. La tentación de regular verticalmente las aplicaciones o simplemente de crear mitos del mal uso de la información producidas por las redes, son hoy las realidades más frecuentes de nuestro país. El uso de mecanismos de miedo por parte de los medios masivos es particularmente lesivo y crea un obstáculo a veces prácticamente invencible para la difusión de información sólida que permita el uso seguro de Internet para fines colectivos y organizaciones horizontales y espontáneas. Por ello, es de considerar que la concordia y la autoregulación son hoy mecanismos imprescindibles para dar marco a un uso extensivo de Internet en ámbitos más allá de la satisfacción individual.

La propuesta a nuestro país está encaminada a la utilización de este tipo de redes para la discusión de aspectos tan importantes como: el buen gobierno y la democracia, la visión que deseamos de país independiente de gobiernos, encaminados a una política de estado, con planes de largo plazo. Si bien las redes sociales existen o pueden organizarse de forma independiente de la tecnología, el uso de la Internet propicia en su lado positivo la integración de connacionales (incluso los que se encuentran fuera del territorio) en estos y otros temas de vital importancia para el desarrollo de la sociedad mexicana, de su coherencia y capacidad de reacción en casos de desinformación y desastre. En consonancia con los puntos vertidos sobre la necesidad de un mejor desarrollo tecnológico y una oferta coherente con los tiempos actuales, se propone que:


a. Se incentive el uso de la Internet en todas las organizaciones de la sociedad para conducir discusiones nacionales sobre temas de estado, más que de gobierno.


b. Se informe a la población cómo organizarse en la red, a través de cursos que sean integrados en los currículos escolares de todos los niveles y en los centros donde pueda acudir la población en general.


c. Permitir mediante regulación adecuada y estimular que edificios, condominios y pequeñas comunidades tengan un acceso cooperativo de ancho de banda que disminuya el impacto del bajo desempeño de conexión, que la sobre-instalación de equipos Wi-Fi en algunos puntos urbanos ha provocado.



4. Ahorro de energía y Proyectos sustentables


Este tema liga varias iniciativas que en nuestro entorno no se les ha dedicado tiempo para incluirlas como parte de una discusión nacional, a saber, la dualidad del papel de las TIC en el tema del calentamiento global y del ahorro de energía. Dicha dualidad estriba en dos aspectos:


a. La contribución de las TICs a la demanda de energía para su viabilidad, y por lo tanto al aumento en el gasto de combustibles fósiles. Ello, aunado al casi nulo desarrollo tecnológico propio en la materia, ya que en menos de treinta años pasamos a ser un país consumidor de esta tecnología, sin un desarrollo nacional concreto y con un índice que tiende a cero en el apoyo a proyectos de investigación y desarrollo en este campo. Tan sólo CONACYT, no reconoce como parte de sus sistemas de apoyo a la investigación esta actividad como prioritaria.


b. Por el lado opuesto, la utilización de la red como parte de un esfuerzo para cambiar los hábitos de trabajo de la sociedad, impacta positivamente a la cohesión de actividades económicas posindustriales y puede aplicarse para una disminuciónn significativa del consumo de energía y de la contaminación ambiental. Recién acabamos de pasar por una paralización casi total de nuestro país; de haber tenido un buen enfoque y reconocer socialmente las acciones para teleactividades (trabajo, salud, educación y servicios), el impacto negativo en la economía hubiera sido sustancialmente menor. Sólo las organizaciones bien preparadas con anticipación pueden hacer uso del teletrabajo, la educación a distancia, y otros servicios de gran escala facilitados por Internet, en manera orgánica y eficiente.


La sociedad mexicana ha dejado de lado los esfuerzos que se hacen en otros lugares del planeta que tienden a reconocer a aquellos que se mantienen con poca movilidad y por lo tanto con baja demanda en servicios urbanos y de transporte. El cambio social es imperante para reconocer las jornadas laborales, más allá de una estancia en oficina o escuela.


Por el lado de la creación y operación de proyectos sustentables, hoy es una realidad que uno de los factores determinantes en su éxito tiene una correlación con el uso adecuado de la Internet y de las TIC. Su adecuada aplicación amplía el espectro de desarrollo e impacta la consolidación de esos factores. Es por ello que el esfuerzo de los responsables de este tipo de proyectos generalmente se han centrado en obtener la oferta de una Internet accesible y equitativa, no tan sólo en el pago a terceros por los servicios, sino en las opciones que hoy por ley no son posibles, como es el operar su propio acceso a la red.


A manera de recomendación, es apremiante incluir los siguientes puntos en una estrategia de estado y de gobierno.


a. Reconocimiento a las empresas que mantienen a sus empleados en esquemas de teletrabajo, a través de estímulos fiscales y otros instrumentos de política pública.


b. Creación de estrategias educativas sobre currículos flexibles que permitan el intercambio de modalidades presencial, a distancia y mixta, en todos los niveles de la educación.


c. Fondear proyectos de investigación y desarrollo para la reducción del consumo de energía en los equipos sobre los que descansa la operación de la red.


d. Reconocer la calidad de los estudios e investigaciones que son efectuados a través de estrategias a distancia.


e. Permitir a proyectos comunitarios que accedan a uso de frecuencias en el espectro radioeléctrico y equipos destinados para tal fin.


f. Propiciar apoyos fiscales para MiPyMES en la aplicación de proyectos sustentables y su relación con la utilización de las TIC y la Internet.


g. Promover el uso de software libre y de formatos de documentos estándares como medida para la mitigación de la piratería informática y reconocer su uso como alternativa eficaz para las necesidades de gobierno, educativas y de uso general.



5. Legislación y regulación


Protección de datos personales


La privacidad y la protección de datos personales son derechos fundamentales que han sido reconocidos en diferentes instrumentos internacionales, convenciones, regulaciones y directivas regionales, así como en lineamientos y principios que han servido como modelo para la creación e implementación de leyes sobre la materia en otros países. Dichos instrumentos jurídicos y directrices han sido elaborados por los organismos más importantes y especializados como son el Consejo de Europa (CoE), las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Foro de Cooperación Asia-Pacifico (APEC). Cabe señalar que México es uno de los miembros de la OCDE que todavía no ha implementado una ley de protección de datos en posesión de los particulares con base en las directrices, recomendaciones y políticas de dicho organismo internacional.



La protección de los datos personales no es un tema nuevo; sin embargo, ha cobrado mayor trascendencia con el desarrollo de Internet, la transferencia, exportación y el flujo transfronterizo de datos, el uso y diseminación de bases de datos públicas y privadas donde se almacena información de ciudadanos y consumidores de productos y servicios, así como con las practicas de publicidad y mercadotecnia basadas en la red. Igualmente, destacamos la importancia de proteger los datos personales en vista del crecimiento y difusión de los sitios de redes sociales en donde se intercambia y procesa información y datos de los ciudadanos con gran facilidad.



El enfoque de la regulación de los datos personales en México ha sido sectorial. Actualmente existen alrededor de 35 leyes de carácter federal que contienen disposiciones sobre la protección de los datos y la confidencialidad de la información, como por ejemplo los artículos 16 y 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor que protegen la confidencialidad y el uso de la información de consumidores para propósitos de mercadotecnia y publicitarios; el artículo 49 de la Ley Federal de Telecomunicaciones que protege la confidencialidad de la información transmitida a través de redes públicas de telecomunicaciones, entre otras leyes. Asimismo, sólo dos estados de la República Mexicana cuentan con legislación vigente sobre datos personales para el sector privado, y otros estados como el Distrito Federal con una ley independiente para la protección de datos personales en posesión de los entes públicos ubicados en dicha entidad federativa.



Cabe destacar que durante este año, entraron en vigor dos reformas constitucionales de gran importancia que establecen, por un lado, una nueva garantía constitucional para la protección de los datos personales (Art. 6º fracción II) y, por otro, el fundamento para que el Congreso de la Unión pueda legislar y crear una ley independiente sobre datos personales en posesión del sector privado (Art. 73 fracción XXIX-O).



Es importante que la próxima iniciativa de ley que analice el Congreso de la Unión para regular los datos personales en posesión de los particulares:


a. sea tecnológicamente neutra; y


b. contenga disposiciones y mecanismos adecuados que regulen los derechos ARCO (acceso, rectificación, corrección y oposición) tanto en territorio nacional como aquella información que se transfiera a otros países, tomando en cuenta las obligaciones contenidas en los tratados internacionales de los que México forma parte.


Sobre todo, enfatizamos la necesidad de la creación de un organismo autónomo e independiente para el control, vigilancia y ejecución de la ley en materia de protección de datos personales en posesión de particulares y su reglamentación, puesto que la especialidad de la materia requiere de un organismo de esa naturaleza que pueda:


a. promover los derechos y obligaciones de los ciudadanos;


b. sancionar y castigar a las empresas y sus filiales que hagan mal uso de los datos personales,


c. cooperar, en un marco de reciprocidad, con otras autoridades y organismos internacionales para establecer medidas y mecanismos adecuados para la transferencia de datos personales; y


d. colaborar con las organizaciones civiles y académicas para fomentar medidas de educación y conscientización para fortalecer el derecho a la protección de datos entre los ciudadanos mexicanos.


El organismo autónomo deberá estar desvinculado de las entidades existentes de supervisión y control de la regulación comercial y de la legislación sobre acceso a la información para que el alcance de sus resoluciones y decisiones tengan la suficiente fuerza jurídica y puedan ser vinculatorias entre las partes, tomando en cuenta las distintas actividades del ciudadano en donde se utilizan, transfieren y procesan sus datos de carácter personal.



Asimismo, consideramos de gran importancia que la iniciativa de ley contenga:



a. mecanismos de control y sanción para regular las practicas de mercadotecnia dirigidas a usuarios que no desean recibir información comercial a través de Internet, así como obligaciones a empresas y redes sociales que dirigen su publicidad conforme al perfil y hábitos de sus usuarios, independientemente de su lugar de residencia;


b. obligaciones de notificación y aviso, multas y sanciones para las empresas, sus filiales y empleados que hagan mal uso, comprometan o pierdan datos personales contenidos en bases de datos, servidores y sistemas personales de cómputo;


c. sanciones y multas por el mal uso de datos personales derivados de delitos cometidos por terceras personas, a través de sistemas de cómputo e Internet; y


d. mecanismos eficientes y ágiles para resolver controversias entre empresas e individuos derivado del mal uso o la pérdida de datos personales, independientemente de los recursos administrativos y judiciales que sean aplicables.



"Neutralidad de la red"


En numerosos países, de los cuales México sólo es excepción por lo escaso del debate, se enfrenta una situación compleja en la toma de decisiones para la administración del tráfico en las redes de Internet. Al consolidarse algunos grandes proveedores de servicios de conectividad y acceso a Internet, con un gran poder en sus mercados, y al aliarse estos proveedores con otros de contenidos y servicios como video y otros de entretenimiento, y al mismo tiempo al aumentar el tráfico originado por la creación y producción propias de los usuarios, los intercambios horizontales de información, y otros factores de consumo creciente de anchura de banda, se genera la tentación para los grandes proveedores de privilegiar el tráfico que le produce utilidades por sobre el generado por los usuarios.


Este debate se conoce como de "neutralidad de la red" y debe ser abierto en nuestro país con una participación franca de las diversas partes interesadas. Si bien hay motivos importantes, benéficos tanto para la empresa como para sus clientes, para realizar una buena ingeniería de tráfico, se requiere una transparencia de nuevo alcance para proteger los derechos de los usuarios, incluso sus derechos ciudadanos y de consumidores, ante los que pueden ser embates considerables por la distorsión de las condiciones del tráfico de paquetes IP. Si bien la máxima "todos los paquetes IP son iguales" puede ser considerada impráctica, es una guía importante para orientar este importante debate.









6. Convocatoria a usar Internet para la concordia.


Conforme el uso de Internet crece y conforme los programas y bases de datos que se pueden utilizar aumentan en complejidad, claridad de interfases, facilidad de uso; y al paso al que, entonces, es posible para universos crecientes de usuarios hacer una utilización original y expresiva de Internet, es natural que en Internet se expresen más y más formas de conducta humana - constructivas unas, destructivas otras. La sed de conocimiento y la voluntad de servir se pueden presentar y propagar, pero también se propagan la ambición, el delito, el hostigamiento, y otras conductas destructivas. Quien hace uso de Internet desde este ángulo encuentra un espacio de rápida propagación, inmunidad transfronteriza, anonimato u ocultamiento, y víctimas inocentes, en proporciones nunca antes vistas.


Si bien las conductas negativas en general no son originales de Internet, muchas han encontrado un rápido despliegue; por la originalidad del medio, entre otras razones, estas conductas además son convertidas en objetos de atención y usados para crear miedo y desconfianza (desconfianza que es particularmente lesiva para el desarrollo de Internet en su conjunto).


La sociedad mexicana necesita un nuevo impulso hacia la mejor comprensión de Internet y a partir de ella, una separación entre lo que tecnológicamente es posible y lo que para la sociedad es deseable, así como entre lo que se puede hacer regulando el desarrollo y la implantación de la red, y lo que es estrictamente producto de la conducta humana. Evitar el delito así como evitar la confrontación y la discordia son materias de regulación de la conducta, no de la tecnología.


Necesitamos una concientización y educación profundas acerca de la administración de los riesgos que a través de Internet se hacen patentes para nuestros niños y jóvenes - mejoras en la práctica jurídica, legal y forense pero también en la educación de padres, maestros, directivos, y los propios niños y jóvenes, para un uso menos intrusivo e intranquilizante.


Necesitamos una nueva forma de coexistencia civil, basada en la argumentación ordenada, racional y consistente, no en la polarización, la confrontación, y el agudizamiento de las diferencias. La tecnología de Internet en sí misma no puede ser regulada para evitar la difusión de un video que pueda ser considerado ofensivo, difamatorio, o falso. Las leyes han resultado fallidas para regular las formas de la expresión política en Internet. Nos queda sólo la autorregulacion, dentro de la libertad de expresión, para frenar las tendencias a la polarización que pueden destruirnos. Internet puede proveernos medios de diálogo racional, pausado, frío, para identificar las diferencias y los problemas, las soluciones y los acuerdos. Usando los medios que provee Internet nuestra sociedad puede masificar el diálogo, puede profundizarlo, puede ordenarlo en atención a la prioridad de los asuntos, puede llevarlo dentro de un marco de tolerancia y escucha. Pero no es Internet por sí solo quien logrará esto: convocamos a todos los participantes en la gran conversación pública nacional a servirse de Internet en forma constructiva y tolerante, a fortalecer los principios y las ideas en forma que conduzca a cada vez más comunicación y la construcción de un futuro colectivo promisorio.


Apartado específico sobre la regulación de los contenidos con mensajes políticos en Internet


La Legislación electoral mexicana ha tenido en los últimos años una dinámica evolución para promover la apertura democrática mientras se afinan las reglas del juego electoral buscando hacerlo más plural y equitativo.


La estrecha vigilancia en el uso de medios masivos de comunicación, especialmente los medios de radiodifusión (radio, TV) es indispensable al usar éstos un recurso propiedad de la Nación y concesionado por el Estado (el espectro radioeléctrico) y una vez que, dada su naturaleza de comunicación masiva, el acceso que pueden proveer estos medios para la expresión de opiniones a la mayoría de la población se encuentra inherentemente limitado.


Internet, como un medio abierto, donde potencialmente cada usuario puede hacer uso de la Red como un medio de expresión, es un medio que sin embargo amerita un trato diferente al de los medios de radiodifusión, particularmente en la expresión de mensajes políticos por parte de los ciudadanos toda vez que:


a. A diferencia de los canales de radio o TV que pueden ser vistos como (desde el punto de vista de su capacidad de transmisión de contenidos y de acuerdo a una definición económica) “bienes privados” (la transmisión de contenidos en un canal de TV o estación de radio por parte de un concesionario excluye su uso potencial por parte de terceros), la Internet es un “bien público”, donde la difusión de un mensaje por parte de un usuario no excluye al resto de los usuarios de la posibilidad de hacer lo mismo simultáneamente.

b. La expresión de mensajes en sitios de comunidades de Internet ya sea para intercambiar textos cortos (estilo Twitter), publicar ensayos (blogs) o compartir videos (estilo YouTube) puede darse sin la necesidad de que el usuario compre un espacio para su difusión ni queda al arbitrio de un editor (a diferencia de la prensa, la radio y la TV). Si bien el uso de estos sitios puede ser claramente usado por organizaciones políticas encubriendo sus mensajes de falsas “espontáneas” expresiones ciudadanas, distinguir entre un tipo de mensajes y otros es prácticamente imposible. Más aún, cuando estas expresiones se dan generalmente en tono de sátira y en espacios abiertos a la réplica y contraréplica, es difícil compararlas a un spot publicitario en TV nacional.

Por lo anterior, es recomendable proceder con cautela antes de intentar aplicar las mismas reglas que si bien indispensables para el sano juego democrático en otros medios de comunicación, pueden tener efectos de desincentivo a la participación ciudadana en la vida política del país.



Responsable: Alejandro Pisanty
Contribuciones de: Erik Huesca, Alejandro Martínez Varela, Alejandro Pisanty, Carlos Silva, Cristos Velasco
Versión actualizada el 18 de mayo de 2009 a las 14 hrs.