ACTA: Presentación ante el Senado de la República

Presentación sobre ACTA para el Grupo Técnico Plural sobre ACTA del Senado de la República, México

BLOG ACTION WEEK AGAINST ACTA - BLOG ACTION WEEK AGAINST #ACTA




Alejandro Pisanty


1. Introducción

La Sociedad Internet de México, fundada hace 15 años, reúne a un pequeño grupo de personas altamente calificadas por sus conocimientos en materia de Internet y convencidas desde su origen de la necesidad de extender el acceso a Internet y sus beneficios a la sociedad en todas las formas posibles.

Somos conocidos también como ISOC México ya que, siendo una Asociación Civil plenamente constituida en Mëxico, somos además el capitulo México de la Internet Society, fundada con el objetivo de difundir el conocimiento acerca de Internet, impulsar el crecimiento de Internet, agrupar a los profesionales de Internet, constituir el “paraguas” corporativo de la Internet Engineering Task Force, y proteger la apertura de Internet mediante el apego a los estándares técnicos, la interoperabilidad, y otros principios fundamentales de diseño de la red que se reflejan en algunos principios éticos, sociales y legales.

ISOC, la Internet Society, es reconocida como interlocutor para organizar la representación de la comunidad técnica ante la OCDE; como ONG en ECOSOC de la ONU; como observador en la OMPI; y varios otros espacios de análisis y normativos.

2. Internet, conocimiento, desarrollo y propiedad intelectual

Como ha dicho el conocido investigador Manuel Castells, Internet no es la Sociedad de la Información pero es sin duda su tecnología paradigmática y la que ha hecho posible el rápido tránsito hacia la misma que actualmente vivimos.

Internet es un conjunto de tecnologías y estándares que aseguran que todo tipo de información o comunicación que pueda ser representado digitalmente pueda ser transmitido a través de la red. Esto lo garantizan los principios de interoperabilidad y de punta a punta (o “end to end”), que a su vez hacen que la red no tome decisiones dependientes del tipo de contenido o propósito del tráfico que transporta.

Así, la red no necesariamente está optimizada para un solo tipo de comunicación, digamos telefonía o televisión o correo electrónico, pero es la mejor red posible para llevar todos esos tipos de tráfico y muchos que han surgido a partir de su invención. Como la red no toma decisiones basadas en qué tráfico lleva en un instante determinado, sino que las deja a la “orilla”, a los dispositivos y software conectados a la red, en Internet no es necesario obtener autorización del operador para llevar tráfico de texto, fotografía, cine, o cualquier otro tipo; ni para determinar si éste es unidireccional, bidireccional entre dos puntos, broadcast, narrowcast, o entre múltiples puntos.

De aquí deriva el gran carácter innovador de Internet: en Internet no hace falta permiso para innovar. Las consecuencias son de todos conocidas; la explosión creativa y la difusión de sus resultados alcanzan ya, directa o indirectamente, a toda la humanidad, y crean una oportunidad única para replantear algunos temas fundamentales.

3. Cuestionamientos al concepto y a los alcances de la propiedad intelectual

En particular, Internet se suma a las tecnologías digitales preexistentes, y otras creadas más recientemente, para confrontar con un severo desafío a algunas hipótesis en las que se basan los sistemas de protección a los derechos de los creadores construidos en los últimos siglos.

Dos hipótesis fundamentales de estos sistemas son la imperfección progresiva de las copias y el costo de transacción para el traslado, transferencia o venta de las copias por parte de quien las vende o regala. La perfección de la copia digital, aún en copias sucesivas, y el casi nulo costo requerido por su transferencia, incluso si es masiva, han creado nuevos ecosistemas basados en la reproducción prácticamente ilimitada de contenidos soportados en copias digitales.

Algunos autores y empresas han iniciado nuevos modelos de negocios basados en esta facilidad de compartir. Se resignan a la casi imposibilidad de prohibir el copiado perfecto y de limitar su distribución y crean nuevos procesos y negocios, enteramente legales, basados en las nuevas hipótesis.

Y ciertamente la transparencia de costo creada por muchos años y muchos millones de copias – autorizadas, legales, o no – ha impulsado ideas como las de Richard Stallman – derecho a compartir – y hábitos de consumo de medios basados en la gratuidad, la imposibilidad material de limitar la difusión de las copias, la imposibilidad material que en muchos espacios existe para obtener copias autorizadas, y las decisiones –que el consumidor encuentra puramente arbitrarias y delirantemente irreales en el medio digital – de productores y distribuidores en el sentido de limitar o retrasar la distribución de bienes o servicios como las películas y las series de televisión.

Así, no la tecnología sino las imaginaciones a las que estimulan las facilidades que ofrece la tecnología, cuestionan profundamente el sentido de la propiedad intelectual, sus alcances actuales, los medios para promoverla y protegerla, y en algunos casos el concepto mismo de propiedad intelectual.

4. Diferencias conceptuales entre ámbitos jurídicos

Los regímenes jurídicos que rigen la protección de los derechos de los creadores varían enormemente entre países, regiones, matrices tecnológicas y espacios de los poderes fácticos.

Sin embargo, la convergencia digital emborrona algunas fronteras conceptuales (entre TV, video, cine y broadcast, por ejemplo), lo que algunas generaciones recientes encuentran confuso, impráctico y poco realista; cada vez menos realista, dado el rápido paso de avance de la tecnología y en particular de la convergencia.

La confluencia de los medios y tecnologías y el intenso carácter transjurisdiccional del movimiento de información han dado lugar a innovaciones legales y jurídicas como Creative Commons, el software libre y el de fuente abierta, la filosofía de Acceso Abierto en publicaciones científicas, y muchas más.

Es muy relevante señalar que en muchos de esos modelos se entiende “libre” de una forma que no implica gratuidad ni violaciones a las leyes vigentes, es más, ni siquiera conllevan un cambio a éstas. Es el caso de Creative Commons, una filosofía y un método a los que frecuentemente se descalifica atribuyéndoles una carta de extranjería sospechosa. Al hacerlo se ignora que una de las motivaciones del creador de Creative Commons, el Prof. Lawrence Lessig, fue incorporar a la esfera anglo-estadounidense conceptos de propiedad intelectual “continentales” comunes entre nosotros, como la separación de los derechos morales y los patrimoniales y su protección por separado.

5. ¿Se pueden extender los conceptos de propiedad al medio digital? ¿Cómo, cuándo, con qué limitaciones?

Debe quedar claro con lo expuesto hasta aquí que si los conceptos y métodos de protección asociados a los derechos de los creadores están problematizados a este nivel de profundidad, tanto más lo están el de falsificación y el de piratería.

Los medios técnicos para auxiliar en la protección contra las copias no autorizadas han variado a lo largo de los años en el medio digital. La mayoría de los medios para impedir las copias han sido objeto de circunvención, de modo que en un alambicamiento barroco y casi ptolemáico, las leyes en muchs países prohiben la circunvención, a veces en términos tan enérgicos que asfixian la innovación y la investigación por la magnitud de las penas y la incertidumbre en las demandas que pueden surgir contra los autores.

Los DRM, como se conoce a estos medios técnicos, se orientan, entonces, a la disuasión de la copia y de su distribución más que a impedirlas. La amenaza de poder rastrear una copia hasta su distribuidor original, y penalizar a éste, debiera ser un disuasor de la copia y la distribución.

Sin embargo, de poder creer a las cifras de las industrias que venden contenidos como música y video, este valor disuasorio no se ha materializado; antes al contrario, es risible, si en verdad fuera cierto que 95% de las copias que se distribuyen no son autorizadas.

Baste éste ejemplo como argumento para ilustrar la dificultad de emplear medios tecnológicos para impedir o limitar la difusión explosiva de las copias digitales de todo tipo de contenidos. Otros medios que han pasado por la imaginación son igualmente problemáticos: el rastreo de direcciones IP en el tránsito de paquetes por Internet, la exigencia de identificación y autenticación de los usuarios, por sólo mencionar algunas, son punto menos que inalcanzables, sea en diseño, en implementación, o por su fácil circunvención más allá de las fronteras de un solo país.

6. ACTA: “entorno digital” como un añadido postizo

En este amplio contexto, en este complejo ecosistema, surge la propuesta de acuerdo comercial internacional contra la piratería y la falsificación conocido como ACTA. ACTA responde a necesidades identificadas de diversas industrias, sobre todo en países desarrollados, y ha sido presentado como una extensión de los acuerdos TRIPS o ADPIC para darles precisión y facilitar su implementación y cumplimiento (coloquialmente, “darles dientes”).

Los originadotes de ACTA contemplan ante todo la falsificación de bienes de marca y la piratería en bienes físicos, y la administración de la propiedad industrial en mercados como el de medicamentos. Los especialistas en esos temas han hecho críticas, en algunos casos como el de tránsito de medicamentos entre países en desarrollo, a los aspectos y consecuencias negativos del Acuerdo.

También se ha criticado severamente al Acuerdo por su construcción y promoción fuera de la OMPI; que es vista como una forma de “forum Shopping”, o una circunvención a los mecanismos y votaciones de la OMPI, donde países como China, India y Brasil, y muchos africanos que pudieran mantener la independencia de su voto, harían imposible su aprobación.

Desde el punto de vista de procesos, se ha criticado en muchos países la confidencialidad y el secreto de las negociaciones del Acuerdo. Éstos se consideran excesivos, muy por encima de la reserva requerida en las primeras etapas y en las negociaciones más delicadas de cualquier acuerdo de gran magnitud e impacto.

Un punto más, inevitable para nosotros y que hacemos propio, es que el clausulado referente al entorno digital es poco claro, incluso respecto a su objeto (¿se refiere a todas las formas de copia y distribución digital, o sólo a las que se llevan a cabo en Internet?), mal alineado con las medidas adaptadas al tránsito físico de bienes, y, en suma, entendido como una suerte de parche añadido con premura y cierto grado de artificio al clausulado mucho más detalladamente elaborado para los otros casos.

Igualmente complejo, e ilustrativo de este aspecto, ha sido que se promoviera una discusión por separado del clausulado relativo a entorno digital y de las medidas civiles, penales, en frontera, y mecanismos de coordinación.

Es claro que las consideraciones sobre entorno digital fueron resultado de que los autores iniciales del Tratado se dijeron que no tenía sentido emprender una aventura de tal magnitud como ACTA sin considerar las copias digitales, y lo hicieron con mucho más voluntad que comprensión del entorno y tino en el resultado.

Además, las contradicciones no han faltado. Inicialmente la información escasa e inciertamente disponible dejaba ver que ACTA propondría una armonización de legislaciones entre los países firmantes que incluiría de manera explícita medidas orientadas a penalizar y disuadir la producción, almacenamiento y distribución de copias digitales, como las “medidas de respuesta graduada” que llevan a amenazas y castigos progresivamente más severos, y terminan en la privación de acceso a Internet a aquellas personas encontradas responsables de dichas conductas.

Igualmente, en esas etapas de la negociación, se entendía que la legislación que resultaría de ACTa en diversos países conllevaría la transferencia de funciones de persecución de conductas consideradas ilegales a particulares y pondría en entredicho la presunción de inocencia. Esta última apenas se empieza a insinuar en México y sería decapitada por las medidas en cuestión.

Finalmente, la postura pública y conocida de los negociadores ha diluido progresivamente la información respecto a las modificaciones legales que ACTA requerirá en los países firmantes. Sin embargo, algunos países – incluido México – han iniciado, con diversos grados de éxito, procesos legislativos alineados con el endurecimiento de medidas relacionadas con los propósitos de ACTA.

En México las iniciativas de ley en materia de copia privada y de respuesta graduada dan fe de esta afirmación. No se está implicando aquí causalidad de ACTA sobre estas leyes; las mismas fuerzas motrices activan uno y otras. La derrota, al menos temporal, de esas iniciativas ha sacado a la luz numerosas y poderosas gestiones de asociaciones de industria y de sociedades de gestión colectiva que volverán a poner los temas en la agenda pública.

7. Posición de respeto a la Ley y contribución a cambiarla

En este punto es imprescindible reafirmar que ISOC México no condona la violación de la ley ni la promueve. Estimamos imprescindible manifestarnos en relación con la creación de nuevos mecanismos, legales y extralegales, que puedan tener un efecto negativo sobre el ecosistema de Intenet y sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento en México, como pueden serlo ACTA y las leyes asociadas o derivadas.

Acudimos a las instancias legales, como el IMPI, la Secretaría de Economía y el Poder Legislativo, cada uno en el ejercicio de sus funciones y utilizando los medios legales a nuestro alcance, para tratar de influir sobre el desarrollo de estos instrumentos en forma transparente, pública y basada en principios, ante todo los derivados de una comprensión a fondo de la tecnología de Internet y con el propósito de facilitar la extensión de Internet y sus beneficios a toda la población.

8. Lo que muestra, o parece mostrar, Wikileaks, sobre ACTA

Es imposible omitir una expresión acerca de los cables diplomáticos revelados recientemente por la organización Wikileaks sobre las negociaciones conducentes a ACTA, en otros países y en México. La apreciación de que en particular el gobierno de Estados Unidos ejerce presiones y ofrece apoyos no transparentes coincide con datos de campo y demerita trágicamente las negociaciones.

Sin descontar la convicción personal e institucional de los negociadores mexicanos respecto a las bondades del Acuerdo, que han expresado en algunos foros, no se aprecia un esfuerzo por deslindarlos de la interpretación alterna: la de obsecuencia ante los impulsores de ACTA en Estados Unidos.

Encontramos excesiva la identificación de niveles de amenaza que impera en el discurso de representantes de ese país, como la Secretaria de Estado Hillary Clinton, quien en su primer discurso sobre Libertad en Internet equipara la piratería de propiedad intelectual con el terrorismo. Dicha equiparación es un non sequitur, injustificado incluso en términos económicos, y confunde y nubla toda perspectiva de análisis.

Que los negociadores mexicanos de ACTA no hayan tomado distancia explícita de este argumento nos parece difícil de aceptar. Es uno de muchos deslindes imprescindibles porque las presiones y el discurso citados se suman a la lentitud y desgano de las consultas públicas sobre ACTA llevadas a cabo en nuestro país. Las opacidades se potencian en este caso.

9. Crítica a las cifras sobre piratería

Numerosas argumentaciones sobre piratería y daños por delitos o conductas contrarios al respeto estricto de los derechos patrimoniales en materia de propiedad intelectual se basan en cifras de pérdidas económicas debidas a dichas conductas. Estas cifras son dadas a conocer en boletines o conferencias de prensa y recogidas con fruición por la prensa, que suele darles un lugar de escánadalo.

Raramente se da a conocer la metodología con la que se calculan estas cifras, provenientes casi invariablemente de la industria que se dice afectada, y ciertamente no de una forma auditable y verificable por terceros. Lo que se reconoce de dicha metodología es profundamente dudoso y cuestionable. Se basa en estimados de unidades de producción intelectual o creación artística distribuidas sin autorización – un estimado de por sí difícil de calcular – y su multiplicación por precios de lista de esas unidades. Otros cálculos son variantes conceptuales del mismo y con problemas similares con el origen de unas de sus cifras y aplicabilidad de otras.

Un cálculo de esta naturaleza carece de toda credibilidad, ya que asume implícitamente que todas las unidades son vendidas al precio de lista o una fracción apreciable del mismo, cuando que en la realidad ninguna venta cercana a esos precios sería realizable entre las personas que adquieren (comercialmente o no) las copias de canciones, películas o software de referencia.

Estimamos que solamente un organismo público al que se considere libre de influencia de las industrias interesadas podrá realizar estimaciones creíbles. El Grupo Plural del Senado sobre ACTA podría seleccionar algunas organizaciones e instituciones debidamente equipadas, comisionar uno o más estudios, requerir que toda su metodología e insumos sean hechos del conocimiento público con total transparencia, y aproximar así cifras de consenso y tendencias creíbles que se puedan usar para tomar decisiones serias.


10. ACTA y sus derivados son Gobernanza de Internet y deben atender al régimen de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información

Un aspecto de enorme importancia que ha sido insuficientemente mencionado es que el acuerdo ACTA se constituye en un instrumento de Gobernanza de Internet. Citando el informe del Grupo de Trabajo sobre Gobernanza de Internet (WGIG, por sus siglas en inglés), constituido en 2004 por el Secretario General de la ONU y del que fui miembro:

“La gobernanza de Internet es el desarrollo y la aplicación por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en las funciones que les competen respectivamente, de principios, normas, reglas, procedimientos de adopción de decisiones y programas comunes que configuran la evolución y la utilización de Internet.”

Toda vez que ACTA pretende normar, si es aprobado, el intercambio de información y contenidos en Internet, su comercio, reglas y violaciones a las mismas, formas de establecer las violaciones, probarlas y penalizarlas, así como disuadir su comisión, se convierte en un instrumento de gobernanza de Internet.

Si bien el WGIG deliberadamente minimizó el tratamiento de temas de propiedad intelectual, y consecuentemente lo hizo también la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, considerando que era un tema tratado apropiadamente en otro foro internacional (la OMPI y la OMC, principalmente), ACTA inevitablemente tiene que ser analizado en la óptica de gobernanza de Internet.

Esto se debe a que ACTA hace confluir los temas especializados y propios de propiedad intelectual e industrial con el acceso a Internet. Aunque en las versiones finales el Acuerdo es discreto, incluso omiso a los detalles como las leyes de respuesta graduada, está inevitablemente asociado a la temática general de acceso al conocimiento y a la información, acceso a Internet, libertades en Internet, y varios más que forman parte del temario del WGIG y la CMSI.

Que ello ocurra por torpeza de los negociadores al no deslindarse temprano de las filtraciones sobre versiones iniciales o por cualquier otro motivo ya no salva al Acuerdo de este análisis.

A su vez, el punto inescapable de este análisis es que ACTA tendrá que quedar sujeto a los múltiples acuerdos alcanzados en la CMSI en sus etapas de Ginebra y de Túnez, entre los cuales destacan en la Agenda de Túnez (2005):

Artículo 29: “…Internet se ha convertido en un recurso mundial disponible para el público y su gobernanza debería constituir un elemento esencial de la agenda de la Sociedad de la Información. La gestión internacional de Internet debería ser multilateral, transparente y democrática, y hacerse con la plena participación de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Esta gestión debería garantizar una distribución equitativa de los recursos, facilitar el acceso de todos y garantizar un funcionamiento estable y seguro de Internet, tomando en consideración el multilingüismo.”

Artículo 31: “..la gobernanza de Internet, llevada a cabo con arreglo a los Principios de Ginebra, es un elemento esencial de una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora, orientada al desarrollo y no discriminatoria.”

Para el ámbito de cada país, la Agenda de Túnez indica:

Artículo 68: “…reconocemos la necesidad de desarrollar la política pública por los gobiernos, en consulta con todas las partes interesadas.”

El carácter internacional de los asuntos de que se ocupa ACTA, por el solo hecho de ser un acuerdo internacional, lo somete a dicha óptica. Y la Agenda de Túnez, como todos los documentos emanados de la Cumbre, fue firmada por el Gobierno Federal, por lo que es tan vinculante como puedan serlo los propios instrumentos. Y además el Artículo 68 obliga al gobierno, en tanto firmante de los documentos de la CMSI, en su actuar al interior del país.

Se sigue de lo anterior que en el procesamiento de ACTA el gobierno mexicano debe llevar a cabo procedimientos democráticos, transparentes, y en los que participen todas las partes interesadas en pie de equidad. Ello no ha ocurrido hasta ahora; la instalación y puesta en operación del Grupo Plural del Senado es el principal de los pasos, en uno solo de los Poderes de la Federación. Por ello, por ser hasta ahora el único punto de contacto con el proceso que debe quedar regido bajo los criterios de la CMSI, es particularmente crítico que el Senado asegure el cumplimiento de sus preceptos.


11. Derechos en Internet y derecho a Internet

Otro derivado importante de la Cumbre ha sido la intensificación del análisis de los derechos humanos bajo una óptica de Internet. Si bien la Cumbre tuvo como premisa fundamental no crear nuevos derechos, también es cierto que el análisis de los temas de la Cumbre en una visión basada en derechos tiñó prácticamente todos los temas.

En años recientes, tanto dentro como fuera del contexto de la Cumbre, se ha debatido si Internet, o específicamente el acceso a Internet, es un derecho; y si lo fuera, si se trataría de un derecho humano, civil, político, social o económico. Algunos países han incluido el acceso a Internet, inclusive en algunos casos el acceso a Internet de banda ancha, en sus programas de servicio universal de telecomunicaciones, o abiertamente como un derecho.

En la brillante tesis doctoral de una socia destacada de ISOC México, la Dra. Clara Luz Álvarez González de Castilla, se debate este tema a profundidad. La conclusión de la Dra. Álvarez es que en la legislación mexicana el acceso a Internet no se puede reconocer actualmente como un derecho, sí es inevitable reconocer que el acceso a Internet es precondición para el ejercicio de todos los otros derechos.

Los acontecimientos recientes en Túnez y en Egipto también muestran cuán inaceptable se ha vuelto en las sociedades contemporáneas la negación de acceso a Internet.

Como ya se mencionó antes, el texto de ACTA no incluye ahora en forma explícita la amenaza de la negación del acceso como pena por infracciones a las reglas de protección de la propiedad intelectual. No es eludible la presunción de que estuvo en el marco de los debates entre los negociadores, ni que existe en la legislación de algunos países (como en la ley conocida como Ley HADOPI en Francia) y por lo tanto sería sujeto de armonización.

De modo que propondremos que uno de los resultados del análisis del Grupo Técnico, más allá del marco estrecho de la negociación actual del texto de ACTA y su firma, sea una declaración de principios del Senado que prohíba a futuro la negación del acceso a Internet excepto en aquellos casos en los que la ley determine la suspensión de otros derechos ciudadanos, como la privación de la libertad. Se evitará así que iniciativas originadas en pruritos excesivos, o acuerdos tácitos pero no menos comprometedores para las partes, abran de nuevo un debate sobre el conculcamiento de libertades y derechos que ya ha costado demasiado.

Entre otros derechos en riesgo, bajo amenazas aún más explícitas en el texto del Acuerdo, encontramos los de debido proceso, presunción de inocencia, y el de ser juzgado por autoridad competente. La amenaza concreta emana del artículo 27(4); si bien en éste se reconoce la acción de la autoridad al ser ésta quien da órdenes a los proveedores de servicios en línea, las órdenes conducen a la transmisión de información de los usuarios de los OSP directamente a un particular, el que se considera afectado, y n provee garantías contra sus posibles acciones.

Estos destellos de textos encontrados en borradores “filtrados” son motivo de preocupación tanto por sí solos, al aparecer en el texto final, como por lo que revelan sobre opiniones e intenciones extendidas entre los negociadores.

12. Regular conducta, regular tecnología, y el limitado alcance de la regulación de la conducta por medio de la regulación de la tecnología

Un tema recurrente en Internet es la relación entre la regulación de la conducta y la de la tecnología.

En general se puede afirmar que la existencia de una tecnología no origina la existencia de una conducta. La existencia de Internet por sí sola no determina ni el acceso a la información o la comunicación fraternal o la tolerancia entre seres humanos, ni el fraude o el odio o la distribución de información falsa o incorrecta.

En un plano filosófico establecido hace décadas se ha dejado de lado la afirmación muy común de que la tecnología es neutral, en el sentido de que es producida por una sociedad y una economía específicas. Por ello, de nuevo en ese plano filosófico, se puede apreciar que toda tecnología conlleva uno o más programas ideológicos de gran escala, a veces contradictorios entre sí.

Sin embargo, no existe lógica en pasar de ese análisis a la conclusión de que una tecnología como Internet, con la facilidad de almacenamiento, copia y distribución de contenidos que ya se ha discutido aquí, sea responsable de la distribución de copias no autorizadas de contenidos protegidos por algunos derechos en un lugar y bajo una legislación determinados. Las fuerzas motrices son otras: la dificultad de acceder al contenido, la insatisfacción con el precio, la convicción de que la operación es legal, la ignorancia de las restricciones legales o éticas en la regulación aplicable a la copia, o la abierta mala intención, el dolo.

O, dicho en forma más breve, la tecnología no viola las reglas; quienes lo hacen son las personas.

Y de ahí se sigue que ante todo los métodos para evitar el copiado ilegal o no autorizado deben orientarse a la conducta de las personas: educar, prevenir, evitar, las violaciones a la ley, antes que buscar el castigo, la disuasión, la intercepción en flagrancia, la colaboración de terceros sin autoridad legal.


13. Posición de ISOC global

La Internet Society ha expresado su punto de vista en repetidas ocasiones a lo largo del proceso de ACTA. Además de hacer notar como nosotros que las negociaciones han debido ser más abiertas, multisectoriales y participativas, ha señalado que Internet debe mantenerse abierto, abierto a la innovación y a las ideas, y que no es la tecnología la que comete delitos sino las personas.

14. Posición de ISOC México


En ISOC México hemos estado atentos a la evolución del acuerdo ACTA desde que por primera vez hubo noticias respecto a las negociaciones del mismo.

Dada la opacidad que resulta de los acuerdos de confidencialidad tomados por los negociadores de ACTA, en ISOC México se tuvo que buscar las fuentes más diversas y esperar su confronta con textos eventualmente publicados, confirmados, o desmentidos. Igualmente impulsamos, con algunos otros, a principios de 2010, la consulta pública que terminó realizando el IMPI en la sede de la Secretaría de Economía.

En las filtraciones – veraces o no – de las primeras rondas de negociación y en los textos que tardíamente fueron dados a conocer ISOC Méxic ha detectado repetidamente expresiones explícitas o indicios coherentes con que algunos de los negociadores y patrocinadores de ACTA (muchos de ellos en el sector privado) buscarían consagrar en ACTA mecanismos de disuasión, mediante la amenaza de sanciones como las de respuesta graduada, protecciones de enorme dureza contra presumibles violaciones de la propiedad intelectual.

Resalta también el hecho de que en países participantes en las negociaciones de ACTA se han promulgado leyes que tienen estas características. La más emblemática es la Ley HADOPI, en Francia. Iniciativas como la de Ley de Copia Privada y otras impulsadas en 2010 por la industria y las sociedades de gestión colectiva, en nuestro caso a través del Diputado Armando Báez Pinal, son consistentes con un cuadro de ofensiva mundial de estas organizaciones, que además está documentada en algunos países, y que ha sido hecha pública para México a través de Wikileaks. Deploramos que el IMPI no se haya deslindado de la pésima imagen de nuestro país que se traduce de los cables sobre ACTA y Mëxico.

Nos oponemos a las medidas que pudieran derivar de la matriz ideológica que encontramos detrás de ACTA, potencialmente conducentes al otorgamiento de una autoridad de inspección de tráfico en Internet a particulares y a la interferencia con el acceso a Internet, por su potencial – probado en el extranjero – de castigar en exceso a supuestos infractores que resulten inocentes o a infractores menores sin poder tocar a los delincuentes organizados.

Igualmente nos oponemos a la eventual imposición de dichas medidas porque desde que son puestas a debate tienen un profundo efecto que en el campo se conoce como “chilling effects”, efectos disuasorios excesivos, que llevan a que incluso actividades inocentes sean susceptibles de persecución y por ello frenan más a los creadores inocentes que a los delincuentes verdaderos.

Nos oponemos también al tratamiento que han dado diversos impulsores de este marco normativo a la tecnología, pretendiendo interferir con ésta en lugar de abordar las conductas delictivas propiamente dichas.

Todo lo aquí expuesto configuraría un esquema opuesto a favorecer la innovación en Internet en México. A eso nos oponemos.

Tenemos claro que en los textos más recientes de ACTA muchas de estas medidas han sido eliminadas. Que lo hayan sido se debe indudablemente, al menos en parte, a la presión de la comunidad Internet y la sociedad civil de los países participantes. Nada nos asegura que no estén echados a andar procesos legislativos o normativos en cada país que cumplan con las expectativas más agresivas de los promotores de la filosofía restrictiva ya descrita.



15. Necesidad de un amplio debate – ACTA ya ha cambiado por la contribución de expertos y sociedad civil, basada en “leaks”. Es hora de hacerlo transparente y público.

La intensidad de la controversia alrededor de ACTA y de otras normas relacionadas nos obliga a un análisis que vaya más allá de lo reactivo.

Creemos que un enfoque productivo para este debate debe incluir el balance entre diversos efectos negativos. Concentrándonos en los “chilling effects”, el balance se daría entre el efecto disuasor de la actividad en Internet que representa ACTA y el efecto disuasor de la actividad creativa que representan las copias no autorizadas y su distribución.

Este debate debe darse en atención de los paradigmas emergentes de la producción y distribución de la creación intelectual y artística. No se trata de privar a los creadores de medios honestos de vida, ni de triunfos, fama, riqueza y gloria. Los creadores merecen todo nuestro respeto. Igualmente, las sociedades de gestión colectiva: es potestad de los creadores agrupados en ellas exigirles cuentas de su actividad y organizarse de nuevas maneras sin las sociedades dejan de ser honestas o funcionales.

Sí se trata de que hagamos un balance nacional de gran escala entre diversos bienes o al menos entre diversos males. De un lado tendremos el acceso al conocimiento, la creación, el reciclaje rápido del conocimiento para producirrlo nuevo y mejor adaptado, los modelos de negocios emergentes. Del otro la defensa de la exclusiva de explotación de la obra. En un debate leal ninguna de las perspectivas tendrá una ventaja basada en la concentración de recursos económicos que la impulse.

16. Lo que esperamos del Senado:

a. Abrir el lente

Esperamos que el Senado adopte una perspectiva integral sobre la evolución del balance entre la protección de los derechos de los creadores, incluyendo la explotación de sus obras, y el acceso al conocimiento para hacer de México un país más educado.

Esperamos un debate sin falsas disyuntivas, sin información chatarra, sin influencias ocultas sea su origen nacional o del extranjero, sin chantajes sentimentales; un debate racional y abierto y no por ello menos intenso.
b. Orientar las leyes y tratados hacia el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento

En el mismo sentido de la observación anterior, y pasando del debate a la construcción de los instrumentos legales que regirán el futuro de México, esperamos que el Senado, y con él todo el Poder Legislativo, formule leyes coherentes y consistentes entre sí, conscientes de su impacto a largo plazo sobre la educación y las formas nuevas de trabajo del Siglo 21, sobre el aprendizaje cotidiano de los ciudadanos.

En esas leyes y en los presupuestos federales, el Legislativo cuenta con muchas oportunidades para hacer las cosas bien para todos los actores de buena fe. Leyes de Educación, de Ciencia y Tecnología, de Telecomunicaciones, normas para el Ejecutivo, consulta ciudadana constante, estímulos dentro de los presupuestos, son expectativas razonables.

c. Promulgar un marco para la legislación subsecuente que asegure los derechos de los ciudadanos y el desarrollo del país por encima de intereses poderosos; que no hable sólo el dinero


Nadie tiene comprado el futuro.

El motivo fundamental de esta intervención, y el proceso que condujo a hacerla posible, es solicitar formalmente al Senado la creación de un marco de políticas públicas coherente, que además de impulsar la Sociedad de la Información y el Conocimiento formule límites claros a las limitaciones que los ciudadanos pueden sufrir por órdenes del Estado en su acceso a Internet, en forma que se pueda cumplir y hacer cumplir.

No estamos aquí porque el texto final de ACTA diga una palabra más o una palabra menos. Estamos aquí porque aunque el texto de ACTA sea silencioso y agnóstico respecto a las medidas que permiten restringir indebidamente el desarrollo de Internet, la amenaza de que sean impulsadas con renovada energía es real. Estamos aquí para solicitar formalmente al Senado que, con visión de futuro, con consulta y participación de todos los sectores, encauce el marco en que se desarrolla Internet hacia la apertura antes que a la restricción, no con una orientación al castigo y la amenaza sino con un compromimso franco con la innovación que no tiene que pedir permiso.

Shana Tova, Jonathan Zittrain - on generativity and on-the-ground activism for an open Internet

For_Zittrain: Shaná Tová, Jonathan Zittrain


I have been invited to an online symposium on Jonathan Zittrain’s book “The Future of the Internet and how to stop it” – a high honor since the list of participants is well above blue-ribbon:

Steven Bellovin
M. Ryan Calo
Laura DeNardis
James Grimmelmann
Orin Kerr
Lawrence Lessig
Harry Lewis
Daithí Mac Síthigh
Betsy Masiello
Salil Mehra
Quinn Norton
Alejandro Pisanty
Joel Reidenberg
Barbara van Schewick
Adam Thierer

I have only a slight chance to make a contribution worthy of Jon’s book and of this panel so will modestly try.

When I first read Jon’s book I thought that his concept of generativity was too fixed in a USian law framework. I have had some chances to share analysis and discussions of a variety of Internet issues in the ISOC Board of Trustees and understand better where he’s coming from and aiming at.

We definitely need far more people to read Jon’s book. They don’t have to buy it whole. They only need to see the wealth of examples and arguments in favor of open – open platforms, open networks, open standards.

Yes, if Jon had had a technologist coauthor he may have written a slightly different book, in which you’d be more sure that lofty ideal and grand scheme do get a more solid grounding. Yes, if Jon had been around ISOC and the construction of ICANN he would have more concrete examples and arguments about the dilemmas one faces when actually having to put pieces together and preserve the generativity. But then, probably Jon’s book would also be more flat-footed and less inspirational and that would be a loss.

I have been campaigning for a few years now, thanks to many lessons from teachers better than I am, for an understanding of the Internet before making or influencing policies and decisions that may affect it irreversibly. In my own realm I have worked through ISOC Mexico and through ISOC global and through ICANN and through several other jobs and undertakings to keep the Internet open, interoperable, widely used, an enabler.

My luck includes having started actions like the #InternetNecesario campaign with a few enlightened friends. In October 2009 a large community, fired up by its understanding of the initial message and its own love for the core principles of an open, unfettered Internet, managed to partially stop a tax initiative that would class telecommunications and Internet access in Mexico as a luxury.

This good fortune also accompanied me to organize a panel on core values of the Internet in the FutureWeb meeting associated with the W3C meet earlier in 2010 and let the world hear from the voices of total originals like Scott Bradner, Bill StArnaud, Parry Aftab, Nathaniel James, and Danny Weitzner what these values are.

The word “generativity” may have gone unspoken but interoperability, end-to-end, an understanding that introducing intelligence in the network instead of at the edge reduces everybody’s freedom and stifles innovation, and the many risks of optimizing networks for single purposes came through loud and clear.

For this value we’ve gone out and stopped the 3-strikes “graduated response” law initiatives and supported the new legislation in favor of class actions #AccionesColectivas and confronted overreaching intellectual-property protection such as in #3strikes and #CanonMX and #ACTA. Not to brag about stopping stuff; we build, we work, in schools, in small businesses, in NGOs, in research centers; why, yes, some in government. We are the multistakeholder stakeholders.

This week in Mexico City we have restarted a discussion on a Digital Agenda for the country. A group of us see the continuing discussion in risk of becoming sterile to such a level that we have started to ask for an edge-inwards (not only bottom-up) shaping of the national programs – be they a national broadband plan, or programs to introduce digital content into schools, providing seed capital for technology ventures, what have you.

The point is now not to wait for an always-coming-tomorrow top-down program but to shape the national agenda by small actions and an edge-inwards discourse. Maybe, Jon, you’d find some interest in this change of metaphor, to complement the top-down/bottom-up coordinate.

We went to Campus Party Mexico; our young, more than 6,000 of them, spent a week swimming in a sea of endless bandwidth and far more endless comraderie and space. A generation is being shaped. They are entrepreneurial, techy, savvy, bloggy, twitty, smart, committed, fun.

Yes, they flirt, drink, smoke, download (like mad – massive download is the basal metabolism of digital youth), copy, share; they fight, the argue, they swear. And also, the mod, overclock, build, develop, mash up, code, photograph, film, network, socialize on and offline and all degrees in between, game, learn, teach, team, excite, galvanize, push forward, break through. They are the new flat, the new open. A source of energy and will.

So maybe, Jon, you may feel in good company with the thousands of good-faith, technically informed people who are tireless in pushing for the open, interoperable, and, did I forget to say – OPEN Internet?

It doesn’t happen in the US but it happens. We don’t say “the Internet is necessary” but #InternetNecesario. We connect. We think. We speak. We have kept the Internet open. We will keep it so.

May we, Jon, a year from now, drink to a more open, more generative, more generous Internet, and to a new Shaná Tová.

Valores fundamentales de Internet

Los valores fundamentales de Internet se centran en la apertura y la capacidad y libertad de elección. La red transporta paquetes de información en formato digital de un origen a un destino y fue construida para hacerlo con la mayor eficacia posible en un contexto de redes heterogéneas y aplicaciones impredecibles. Los únicos valores superiores a éstos que podemos buscar en Internet son nuestros propios valores, no los que nos impongan un proveedor de servicios o las decisiones de un gobierno.

Éste es el resumen de una mesa de discusión que tuve la fortuna de construir y moderar para el evento FutureWeb 2010, que forma parte del congreso anual del WorldWideWeb Consortium (W3C), WWW 2010, que se llevó a cabo el 29 de abril de 2010 en Raleigh, Carolina del Norte, E.U.

Después de una breve introducción de mi parte, para plantear con precisión las preguntas guía “cuáles son los valores fundamentales de Internet” y “cómo están amenazados”, Scott Bradner, experimentado creador de estándares y director de las redes en Harvard, dio una lección magistral, contundente y directa. Scott explicó cómo el origen de Internet está en la separación que hicieron Vint Cerf y Robert Kahn de la transmisión y enrutamiento de paquetes, IP, de la capa de control, TCP, en el protocolo de comunicación que conocemos como TCP/IP.

Al hacer esta separación, Cerf y Kahn dieron lugar a que se pudieran construir mecanismos de comunicación que aceptaban la imperfección, ya que al permitir que algunas comunicaciones se hicieran sin un control total de las transmisiones permitían crear o aprovechar sistemas que completan la información parcialmente perdida mediante extrapolaciones o simplemente son tolerantes a esas pérdidas. Así la red dejaba de ser óptima para una aplicación (la voz o telefonía, por ejemplo) pero se volvía generadora de posibilidades ilimitadas para las cuales en conjunto es suficientemente buena. La revolución empieza cuando distintas personas y compañías aprovechan este principio para crear aplicaciones antes insospechadas.

De igual manera, se vuelve crucial que la red misma tome las menos decisiones posibles fuera de asegurar el enrutamiento y entrega de los paquetes que forman la información transmitida; esta “red tonta” que “deja la inteligencia en la orilla”, construida y operada con el principio “end-to-end” o “de punta a punta”, permite que todos los inventores, todos los productores, y todos los usuarios encuentren una plataforma uniforme para mover información, sin que las preferencias que mejoraran el tráfico para unos lo echen a perder para otros.

Bradner advierte que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT o ITU) no absorbe estos principios, y que en general todo intento de mejorar el funcionamiento de la red mediante el establecimiento de condiciones de ingreso o preferencias a algunas aplicaciones hace que la red deje de ser Internet. Esto pasa entonces a una escala más general, “nadie debe decidir por ti en Internet”.

Bill St Arnaud, un constructor y operador de redes avanzadas en Canadá, y ahora especialista y consultor en esa materia y en el aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación (TICs) para disminuir el daño antropogénico al medio ambiente, enfatiza también cómo se presentan intentos de capturar las redes, o crear redes superpuestas cerradas y controladas, que destruyen el valor de Internet. De manera particularmente interesante en la oportunidad, señala que muchos diseños de “smart grids” (redes eléctricas inteligentes) se convierten de hecho en redes cerradas y dejan de ser, o de permitir el acceso a Internet. Así como las “NGNs” (redes de nueva generación, conjunto de estándares que promueve la UIT) no son Internet porque cierran o vuelven selectivo el acceso o las aplicaciones para facilitar el cobro de su sus usos y proteger derechos parciales y disputados como los de propiedad industrial, las “smart grids” cierran el acceso real a Internet con el pretexto de administrar mejor el consumo de energía de los usuarios.

Parry Aftab, abogada y activista de notables inteligencia, cordura, y a la vez pasión y firmeza, quien en los últimos años se ha distinguido por su posición inteligente en el campo del cuidado a los menores en Internet, destaca que lo que más hay que proteger para los niños es que sigan teniendo acceso a Internet (y cada vez más). Hace ver lo ridículo de algunos intentos de filtrar o seleccionar las actividades de los niños en las computadoras del hogar, cuando en dispositivos móviles tienen decenas de veces la potencia necesaria para ver cualquier contenido posible.

Parry termina su brillante y apasionante exposición diciendo que no hay más valores que defender en Internet que los nuestros, los valores humanos y sociales en los que creemos nosotros mismos, y que nadie puede ni debe decidir a nombre de los usuarios de Internet.

Nathaniel James, activista y creador, aborda la filosofía de apertura con ejemplos muy específicos del proyecto Mozilla, que ha dado a la humanidad un navegador de Internet, un cliente de correo electrónico, y mucho software abierto. Cuantifica la enorme proporción de código (programación, software) que la comunidad ha aportado a Mozilla y describe nuevas iniciativas de esa asociación para contribuir a la creación y aplicación de software de código abierto y otras formas de apertura a Internet.

James ilustra cómo los proyectos que estimula la Fundación Mozilla combinan competencia técnica, sentido de servicio, y diversión, para que vencer los retos sea realmente atractivo.

Danny Weitzner, anteriormente del W3C y actualmente director de políticas en la NTIA (administración de tecnologías de información) del Departamento de Comercio de Estados Unidos, explica la forma en que siempre ha habido un espacio de vigencia de la ley en Internet, los retos que actualmente se presentan en esta aplicación como los derechos de autor y de marcas, y la tensión creativa entre la visión libertaria y creativa de Internet y la del estado de derecho.

Para resolver esta tensión Weitzner respalda plenamente el modelo “multistakeholder”, la cooperación horizontal entre técnicos, académicos, empresas privadas, organizaciones civiles y gobiernos, que ha logrado mantener la robustez y estabilidad de Internet por muchos años. Llama a aprovechar la experiencia de organizaciones como la IETF y ICANN. Finalmente, Weitzner anuncia consultas en marcha por parte del gobierno de Estados Unidos acerca de cómo mantener algunos aspectos específicos de estas apertura y libertad en el marco de ese país.

La discusión que originaron los participantes contribuyó a la expansión y aclaración de algunos puntos más. Por ejemplo, quedó claro que ACTA (el Acuerdo Comercial Anti Falsificación o Anti-Counterfeiting Trade Agreement) es sumamente problemático y contrario a principios básicos. En una intervención de cierre del panel me permití subrayar que el eje de la discusión fue la apertura, el concepto “abierto” en distintas aplicaciones, y que temas como ACTA originan una gran preocupación por cómo pueden afectarlo.

Para complementar esta lectura sugiero la del resumen de la sesión que hicieron los alumnos de la Profa. Janna Anderson, de Elon University, una gran instigadora de la reunión; los videos que están en el mismo sitio, extractos breves pero muy sustanciosos; el documento sobre interconexión abierta de redes (Open Inter-Networking) de la Internet Society (ISOC) y la opinión de ISOC sobre ACTA.

La aplicación de los razonamientos y puntos de vista de estos distinguidos panelistas es de gran profundidad y amplio alcance. Principios como el de “neutralidad de la red”, que ha evolucionado al de interconexión abierta para entenderlo mejor, o la no intervención activa de los proveedores de servicios de conexión, alojo, etc. de Internet en la identificación y penalización de posibles abusos contra la propiedad intelectual de terceros, u otros delitos, se muestran en esta luz como imprescindibles.

Y que estos principios sean imprescindibles no implica automáticamente que Internet se convierta en un espacio sin ley. No, sino que la evolución de Internet, su mayor extensión a cada vez más usuarios y formas de uso, nos obligan a pensar con agudeza aún más rápidamente creciente qué nos preocupa regular en ella o alrededor de ella. No es la tecnología sino la conducta humana lo que las leyes regulan. Si preocupan la pornografía, su distribución y los delitos que la acompañan (mucho más graves: secuestro, violación y sometimiento de menores), o la defensa de las ganancias de las sociedades de gestión colectiva, hipotéticamente debidas a sus autores, son las conductas, no los medios, los que deben ser regulados.

Usar el medio para castigar a la conducta se vuelve al final una violación de derechos superior, el retiro de la Sociedad de la Información, una forma de ostracismo que además en muchas propuestas legislativas y normativas se deposita en particulares. Tales son los problemas de ACTA, y de muchas leyes nacionales y subnacionales sobre las que me propongo comentar en artículos posteriores.

Quede éste como testimonio de la importancia y peso atribuidos al valor fundamental de la apertura y la interoperabilidad de Internet como defensa de su capacidad de ser plataforma para avances y transformaciones radicales.

Nota. La organización del panel fue posible gracias a la invitación y generoso apoyo de Janna Anderson, a la intervención de Lynn St Amour y los recursos de la Internet Society, y el incansable y eficaz apoyo de Elizabeth Oluoch. Expreso mi agradecimiento a ellas tres y a los panelistas.

Interés de la sociedad civil de la Sociedad de la Información por ACTA

Sociedad civil en la sociedad de la información y ACTA

“¿Qué se les perdió a Ustedes aquí?”, “¿qué rayos vienen a estorbar aquí estos idiotas/greñudos/malvestidos/ignorantes/pobres/académicos/ajenos/extraños/OTROS?” Ésas parecen ser las preguntas que se hacen las autoridades y los cabilderos de la distribución y recuperación de ingresos económicos de la producción intelectual cuando actores de la sociedad civil aparecen en medio de sus deliberaciones.

Si el caso concreto es el de discusiones acerca de ACTA, el Anticountefeiting Trade Agreement, la situación para unos se enrarece aún más mientras que para otros es si acaso aún más natural estar presentes y preguntar, cuestionar, investigar, interrogar y – sí – buscar avenidas para contribuir.

La producción intelectual (entiéndase en esta amplia categoría la artística, la científica, la tecnológica, la de ciencias sociales y humanidades, y muchas formas de producción material determinadas por la actividad del cerebro humano), repito, la producción intelectual está en el centro, es el eje, la causa y la finalidad, el producto y el insumo, de la Sociedad de la Información (y de la Sociedad del Conocimiento, en la medida en que diferenciemos entre ambos términos).

Las instancias digitales de la producción intelectual, a diferencia de las materiales, no son excluyentes (que uno posea música no excluye a otro de poseer la misma música), no se reducen con el consumo sino que incluso se multiplican cuando mediante una amplia compartición inducen oportunidades para que terceros gesten nuevos productos de conocimiento, y, dejando de lado fundamentalismos de la filosofía del software libre o de código abierto, y sin reafirmar como fundamental un derecho a compartir, a lo Stallman, que también es sujeto de debate, los productos del conocimiento sirven a la sociedad del conocimiento tanto más cuanto más amplio es su conocimiento y más difundida está la oportunidad de construir nuevo conocimiento.

Sin negar que las leyes actuales y muchas prácticas establecidas ayudan a la sociedad al otorgar a los autores de los productos del conocimiento protecciones exclusivas como las patentes y las exclusiones que origina el derecho de autor, especialmente en este caso los derechos patrimoniales, es imposible evadir el hecho de que la perfección de las copias sucesivas de los productos digitales, la transparencia sobre costos y precios que induce la información disponible ampliamente en soportes digitales, y la avidez con que las sociedades contemporáneas absorben el conocimiento creado para apropiáreselo y recrearlo, venciendo así los efectos más perniciosos de la brecha digital, están obligando a muchos a replantear ante la sociedad las reglas del acceso, distribución y retribución del esfuerzo de la producción intelectual.

La creación y distribución de información, arte y opinión en formatos digitales, especialmente por Internet, han podido beneficiar a nutridas masas de seres humanos en todas las latitudes gracias a algunas reglas básicas que se respetan casi universalmente, como el agnosticismo del protocolo IP ante los contenidos que son codificados antes de que este protocolo los transporte, y, capas más arriba, la reproducción de este principio en el que exime a los proveedores de servicios de Internet de responsabilidades por los contenidos que sus clientes inyectan a las redes.

ACTA - consulta del IMPI en México

Reunión de consulta pública sobre ACTA (Anticounterfeiting Trade Agreement) organizada por el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual)

20 de enero de 2010-01-20

El IMPI organizó este 20 de enero de 2010 una consulta pública sobre el acuerdo internacional, en negociación, conocido como ACTA. Presento aquí un resumen de aspectos sobresalientes y notas adicionales.

El Lic. Jorge Amigo, Director General del IMPI, y la Lic. Gilda González, Directora Adjunta que ha participado en las negociaciones, presentaron diversos puntos acerca del Acuerdo y dieron lugar a una discusión con y entre los asistentes que a ratos fue intensa.

ACTA es un acuerdo comercial contra la falsificación y la piratería que está siendo negociado por Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Australia, Suiza y algunos más. En lo fundamental es un acuerdo de coordinación que excede en poco a TRIPS y las legislaciones nacionales. Sin embargo ese exceso ha sido motivo de controversia.

La controversia proviene del secreto acordado entre las partes (no inusual en negociaciones de este tipo), y de filtraciones de información e interpretaciones. En la comunidad Internet llaman especialmente la atención las posibles medidas aplicables a las copias digitales de diversos contenidos hechas y distribuidas en línea, ya que pudieran llegar a contener medidas extremas como el castigo a internautas consistente en prohibir su conexión a Internet, la inspección de contenidos y responsabilidad por ellos a cargo de los ISPs, y otras.

Sin duda ACTA extiende y refuerza las legislaciones nacionales, los acuerdos internacionales (bilaterales, multilaterales o globales) internacionales, y otras prácticas. En más de un sentido, esta ampliación o refuerzo es de menores dimensiones, desde el punto de vista de las medidas para perseguir delitos o faltas administrativas, en comparación con el enorme aparato legal y de acción del Estado que ya existe en los países participantes.

En lo que se sabe, de manera parcial, extraoficial e informal, hay bases para temer que ACTA pueda llevar a la necesidad de que algunos países creen legislación nueva (por ejemplo, un país puede tener que crear legislación, ahora inexistente allí, que permita la persecución de la piratería como un delito, persecución ex-officio cuando ahora sólo es mediante acusación), a aplicaciones draconianas de la legislación existente, a la supresión o debilitamiento de la presunción de inocencia, y a la creación de un ambiente poco conducente al acceso al conocimiento, a compartirlo y a la creación colectiva de nuevos arte, ciencia, reflexión y conocimiento. No es posible en este momento confirmar o desmentir con base en documentos oficiales que esto ocurra, ni lo contrario. El tema requiere vigilancia constante.

El IMPI ha manifestado, en la sesión de hoy, que la delegación mexicana ha pugnado con las otras partes de la negociación por dar aperttura y transparencia a las negociaciones, dando a conocer los elementos de texto en negociación que sea posible. Textos disponibles en Internet sugieren que al menos otros dos países (Australia y Nueva Zelanda) lo hacen también.

La sesión convocada por el IMPI estaba anunciada inicialmente con una fuerte restricción: los asistentes deberían firmar un “NDA” o acuerdo de confidencialidad (el que se firma para tener acceso a información reservada en el Gobierno Federal mexicano) y no podrían introducir ni utilizar equipos de comunicaciones, cámaras fotográficas, localizadores, etc. Algunas gestiones intensivas en las 36 horas previas a la sesión dieron lugar a que el IMPI eliminara esta restricción; lamentablemente las instancias administrativas internas parecen haber estado desfasadas y el anuncio siguió hasta la última hora en la página Web del Instituto, causando irritación en quienes veían una contradicción altamente paradójica en que se convocara a una consulta pública y se exigiera confidencialidad respecto a su contenido.

El cambio de condiciones alteró a última hora la planeación y la conducción de la reunión en formas difíciles de prever.

La sesión contó con aproximadamente 60 participantes. La mayoría de ellos provenía de, o representaba a, sociedades de gestión colectiva de autores, compositores, artistas plásticos, etc., sociedades dedicadas a la protección de la propiedad intelectual de fonogramas, videogramas, y software, y despachos de abogados que trabajan en la materia (incluso alguno es abogado externo de una de las asociaciones). Un número muy pequeño de ciudadanos, expertos independientes, activistas y técnicos formaba el resto de la audiencia.

La sesión dio lugar a algunos incidentes dignos de nota; en particular destaco el que se dio alrededor de la actividad de Geraldine Juárez, @MissPirata, de emitir mensajes relativos a la sesión por Twitter. Cuando el Lic. Amigo y la Lic. González le pidieron dejar de hacerlo (apoyados por un miembro de su personal o el de la Secretaría) ella abandonó la sala (su propia narración está en http://criticapura.com/cronica-de-la-reunion-en-el-impi-por-geraldine-juarez/2010/01/ en sus propias palabras; considero inexacta su referencia a una de mis intervenciones, ya que en ella mencioné a ciudadanos, académicos y expertos en tecnología como ausentes de la discusión usual ante el Instituto).

La solicitud de no transmitir tiene bases en el llamado a la discreción que sustituyó al requerimiento de confidencialidad, y puede estar sujeta a debate. Geraldine optó por demostrar físicamente que hay una comunidad que no está dispuesta a participar en una reunión pública sin que esta tenga tal carácter público que se pueda transmitir libremente lo que en ella ocurre, un llamado a la transparencia total.

Me parece imperdonable, en cambio, que miembros de la audiencia hayan reclamado a gritos “que se vaya”, expresión de intolerancia que es de mal augurio y que reclamé posteriormente.

Después de una presentación ejemplificativa de la complejidad de las negociaciones, que no fue cabalmente entendida por algunos miembros de la audiencia, y en medio del avance de las discusiones, el Lic. Amigo propuso que una vez se haya cumplido la ronda de negociacones de ACTA en Guadalajara la semana del 25 al 29 de enero de 2010, el IMPI abra sesiones de trabajo especializadas en los capítulos de ACTA (persecución criminal, civil y administrativa, medidas en frontera, y entorno digital) con las agrupaciones que se ocupan de cada uno de esos temas.

Al referirse a la presencia de los internautas, los ciudadanos, ocurrieron dos cosas de que dejo nota:

1. El Lic. Amigo me hizo la distinción de proponer que yo sea el conducto para expresar la visión de los usuarios. Mi buen amigo el Lic. Agustín Ríos propuso que este papel sea cubierto por la AMIPCI como voz de los usuarios. Comento esto en un párrafo subsecuente.
2. El representante de la SOMAAP (sociedad de gestión colectiva de los artistas plásticos) reclamó “y ésos a qué vienen, qué producen”, lo cual le sería reclamado por mi parte también. Sin duda ésta fue la expresión más lamentable de la sesión, desde mi punto de vista; equivale a “si no tienen dinero en juego no estorben” a lo que parece una relación indebidamente estrecha con la autoridad. Del otro lado, en diversas posiciones, lo que se ve en juego es el acceso al conocimiento (no tomo partido por todas las posiciones relativas al “file-sharing” aquí pues son muchas y se requiere una discusión matizada. Sobre este punto se ha expresado también Antonio Martínez Velázquez, @antoniomarvel, en su blog

Hago resumen de la intervención que hice cerca del final de la sesión para que sirva de sumario de la situación prevaleciente y la prospectiva:

1. Una de los cambios en la sociedad más notables que produce Internet es una amplia desintermediación. Los ciudadanos se expresan directamente, no sólo a través de instancias corporativas; lo muestra el movimiento #InternetNecesario ocurrido en México en 2009. ISOC México reúne especialistas de diversas ramas relevantes para el entorno digital y contribuye al debate pero no se puede arrogar la representación de todos los puntos de vista de ciudadanos y usuarios de Internet. La AMIPCI como asociación de industria (“trade association”) tampoco puede hacerlo, toda vez que en muchas coordenadas los usuarios están contrapuestos a los miembros de la AMIPCI (ejemplo, usuarios de Internet vs. ISPs que son sus proveedores, relación cliente-proveedor) pero entre ambas asociaciones y otras podemos contribuir al debate.
2. Las negociaciones que no son cerradas no pueden ser “poco abiertas”. En ICANN hemos acumulado una gran experiencia en la conducción de procesos participativos amplios, transparentes, globales y efectivos, que conviene estudiar y aplicar mutatis mutandis.
3. Recomiendo al IMPI considerar que al menos parte de las negociaciones se conduzca bajo las “Chatham House rules” que permiten que se conozca el contenido de las mismas pero no se reste libertad a sus participantes, mediante el mecanismo de que al revelar lo que se dice no se revele quién lo dice. Esto nos es muy conocido a partir de los trabajos de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI o WSIS), del Grupo de Trabajo sobre Gobernanza de Internet (WGIG), el grupo asesor del Foro sobre Gobernanza de Internet (IGF MAG) y otros. Aplicarlas permitiría que el IMPI dé a conocer los principales temas en negociación y pulse la opinión pública y especializada sin debilitar la posición de la delegación mexicana ni su capacidad de negociación.
4. La sociedad civil tiene que estar presente en el proceso de ACTA por su interés en las leyes y tratados que norman la vida nacional, y debe ser vista no sólo como perpetradora de delitos (falsificación, piratería, etc.) sino como potencialmente acusada en falso o defensora de diversos derechos. Es la que consume lo que los autores y distribuidores venden y debe participar en la construcción de las reglas del mercado.
5. La politización de las discusiones es inevitable. Toda convivencia humana es política. En temas como los que atrae ACTA existe una polarización importante, desde los defensores a ultranza de la visión tradicional de la propiedad intelectual, hasta quienes no reconocen siquiera el concepto de propiedad intelectual en tanto propiedad. No puede ser sino política la discusión y políticos los medios para resolver dinámicamente las controversias. Esta politización ocurre sin que necesariamente las partes se alineen a lo largo ejes determinados por los partidos políticos.
6. Los temas que convergen en ACTA, en particular para el entorno digital e Internet, son cruciales para la construcción de la Sociedad del Conocimiento. Para esta construcción son indispensables el acceso al conocimiento y las posibilidades de compartir conocimiento y crear nuevo conocimiento a partir del existente, en formas tanto individual como colectiva. Añado que las tendencias que orientan al software de fuente abierta y al acceso abierto a publicaciones (“Open Access”) son de gran importancia para estos fines.
7. Algunos temas que pedimos enarbole el IMPI en las negociaciones, además de apoyar alguna provisión contra reglas demasiado amplias en la definición de delitos, incluyen el no convertir a los ISPs en policías ni en corresponsables cuando sus usuarios cometan conductas indebidas (“indemnización de los proveedores de acceso”, tema tradicional y fundamental de Internet y en el que convergimos plenamente con la AMITI), el evitar castigos extraordinarios como la suspensión de acceso a Internet, y similares. Además aprecio que la novedad del entorno digital está sorprendiendo todavía a muchas sociedades de gestión y asociaciones de industria, así como a algunas autoridades, y se requiere un amplio debate y una profunda comprensión de ese entorno para proceder con realismo y respeto.


La reunión se cerró con la promesa de la directiva del IMPI de continuar realizando foros, quizás por grupos, y pugnar por la apertura de las negociaciones. Ojalá así sea; la comunidad Internet en México tendrá que estar atenta, participar, expresar pronto las grandes líneas de principios que deben orientar las negociaciones, y elevar el nivel técnico de las discusiones. Puede hacerlo y estoy seguro de que lo hará.